La Junta se personará de oficio en todos los delitos de odio que se produzcan en Andalucía
18:39
9 Septiembre 2021

La Junta se personará de oficio en todos los delitos de odio que se produzcan en Andalucía

En la comunidad autónoma la incidencia es de 1,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que se sitúa en 3 casos.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs) ha anunciado en la comisión de su área del Parlamento andaluz que la disposición adicional décima incluida en la Ley de Infancia y Adolescencia, en vigor desde principios de septiembre, “es la herramienta legal” que permite ya a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía perseguir los delitos y discursos de odio. Todos ellos “basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad”.

La disposición adicional décima de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia establece que la Administración de la Junta de Andalucía “deberá personarse” en los procedimientos sobre delitos de odio a los que se refiere el artículo 510 y el 510 bis del Código Penal que se produzcan en Andalucía.

La administración autonómica podrá hacerlo tanto en los casos en los que se cause la muerte a personas por pertenecer a uno de los grupos previstos en este precepto legal, en aquellos procedimientos de especial gravedad o que tengan gran repercusión social, de forma debidamente justificada.

Asimismo, Ruiz apunta a que la administración regional “podrá personarse” en el resto de procedimientos sobre delitos de odio una vez que se formule la denuncia y los servicios jurídicos analicen y justifiquen la personación.

Con esta medida, Andalucía se convierte, tras Madrid, en la segunda comunidad autónoma española en perseguir de oficio este tipo de agresiones y delitos. La norma andaluza incluye además como novedad que la propia Junta “garantizará la formación y apoyo técnico adecuado, en materia de delitos de odio, a los letrados y letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a fin de asegurar la calidad en la atención, y fomentará la formación en esta materia a los profesionales directamente relacionados con la atención a las víctimas”.

La consejera ha abundado que los ataques y discursos contra el colectivo LGTBI no solo afectan a la víctima, sino que suponen un daño a toda la sociedad porque se lanza un mensaje de miedo, por eso hay que pararlos”. Igualmente, ha insistido en que “la escalada de delitos de odio y violencia contra estos colectivos debe avergonzarnos como sociedad”. También ha lamentado que se trate de unos delitos que no suelen denunciarse, ya que solo “una de cada diez víctimas denuncia, según constatan los diversos informes”.

Rocío Ruiz ha destacado la importancia de denunciar. Si no se denuncia, “se invisibilizan y normalizan esas agresiones, y por eso los poderes públicos tenemos que actuar con contundencia y con acciones concretas para erradicar estas conductas, para que no venza el odio y esos delitos queden impunes”, ha señalado.

Pocos casos

La consejera ha resaltado que los últimos datos regionales disponibles, relativos a 2020, reflejan que Andalucía es una de las comunidades con menos delitos de odio de España. En concreto, se producen 1,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que según la Consejería de Igualdad se sitúa en 3 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, Rocío Ruiz ha destacado que aunque durante el pasado ejercicio se constata una reducción media del 17,9% en el número de denuncias presentadas en 2020 respecto a 2019, “motivada sobre todo por el confinamiento”, los casos por delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género apenas se redujeron un 0,4%, pasando de 278 a 277. E incluso “aumentaron las denuncias contra personas con discapacidad o por antigitanismo”.

Para la responsable de políticas sociales, “entendemos que es nuestra obligación actuar ante esta realidad. La consejera ha pedido, por tanto, “unidad de las distintas administraciones e instituciones y alejar estas agresiones de debates partidistas”.

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