La Justicia europea desestima una vez más los recursos de Junqueras por la decisión del Parlamento de no considerarlo eurodiputado
18:12
22 Diciembre 2022

La Justicia europea desestima una vez más los recursos de Junqueras por la decisión del Parlamento de no considerarlo eurodiputado

El alto tribunal considera que el procedimiento electoral no se refiere únicamente a las normas de votación, sino también ''a las normas relativas a la elegibilidad de los miembros del Parlamento'', algo que puede ser clave en los recursos de Puigdemont

Justicia El Abogado General de la UE pide rechazar el recurso de Junqueras por la decisión del Parlamento Europeo de dejar vacante su escaño Tribunales Tercera negativa de la Justicia europea a Oriol Junqueras en menos de un año

El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado este jueves, una vez más, las demandas del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. En una sentencia publicada hoy, el alto tribunal ha rechazo el recurso de casación que el líder independentista presentó contra el auto del Tribunal General que a su vez ya rechazaba sus alegaciones contra la decisión del Parlamento Europeo de no darle inmediatamente un escaño, y la inmunidad asociada, tras las elecciones europeas de 2019.

En diciembre de 2019 el TJUE tomó una decisión polémica por la que consideraba que los cuatro eurodiputados que fueron elegidos en las urnas (Junqueras, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí -si bien ella sólo a partir del Brexit) deberían haber gozado de inmunidad parlamentaria y de su escaño desde el momento del recuento de votos, y no desde la recogida del acta, como sostenían y mantuvieron tanto las autoridades españolas como la propia Eurocámara. Pero también señalaba que, a diferencia de los otros tres, al haber sido condenado en España la situación era diferente para el líder de ERC.

El 14 de octubre de 2019, Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo español a 13 años de prisión y a otros tantos de inhabilitación absoluta. El problema es que Junqueras había sido elegido miembro del Parlamento Europeo el 26 de mayo de 2019, resultado que fue proclamado por la Junta Electoral Central el 13 de junio. No obstante, al no haber obtenido permiso para poder prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución española, un trámite exigido por la normativa nacional y todavía utilizado por el Parlamento, su escaño fue declarado vacante por la Junta Electoral, y el escaño acabó pasando a su colega Jordi Solé.

En diciembre de ese mismo año, el TJUE respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo para aclarar las dudas sobre la inmunidad prevista en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. Al estimar que en efecto los cuatro afectados deberían haber sido diputados enseguida (el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, en otra polémica decisión, decidió abrirles la puerta del Parlamento enseguida) Diana Riba, diputada de ERC también, exigió al Presidente del Parlamento que adoptara con urgencia medidas para confirmar la inmunidad de Junqueras.

El Tribunal Supremo no permitió a Junqueras acudir la sede del Parlamento, "ni acordar su libertad, ni declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019, ni tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ante el Parlamento" al estimar que el momento de su elección al Parlamento, este no gozaba de inmunidad parlamentaria en virtud del Derecho español. La Eurocámara, a diferencia de lo que hizo con los otros tres, decidió entonces declarar que Junqueras había sido diputado de pleno derecho desde el 2 de julio de 2019, pero al mismo consideró vacante su escaño a partir del 3 de enero de 2020.

Reveses para Junqueras

El político catalán interpuso recursos contra sendas decisiones y una demanda de medidas provisionales, que fue desestimada rápidamente. Y desde entonces todo han sido reveses para él. El 15 de diciembre de 2020, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso del Junqueras y hoy el Tribunal de Justicia ha hecho lo mismo contra recurso de casación, al considerar que la corte general no cometió un error, porque independientemente de cuál sea la terminología empleada por el Derecho nacional, "la expiración del mandato de diputado europeo, sobre la base de este Derecho, como consecuencia de una condena penal, constituye efectivamente un caso de anulación de mandato, y no una incompatibilidad, dado que no resulta del incumplimiento de la prohibición de acumular determinadas funciones".

Igualmente, los magistrados sostienen que el "margen de apreciación de que dispone el Parlamento" en lo que respecta a las consecuencias que debe tener una anulación de mandato es limitado porque tiene su origen en el Derecho nacional. Y sobre todo, y esta parte es quizás la más relevante porque afectará a la situación de los otros tres reclamados por España, el Tribunal de Justicia recuerda que el procedimiento electoral "sigue rigiéndose por el Derecho nacional" y subraya que, en contra de lo que dicen los cuatro independentista, este procedimiento "no se refiere únicamente a las normas de votación y de atribución de los mandatos, sino también a las normas relativas a la elegibilidad de los miembros del Parlamento. De ello se deduce que la inelegibilidad que dio lugar a la anulación del mandato del Sr. Junqueras i Vies en aplicación de la Ley electoral española forma efectivamente parte del procedimiento electoral regido por el Derecho nacional, cuyo respeto no corresponde controlar al Parlamento".

Esto es importante porque los independentistas accedieron al hemiciclo por una interpretación política de la decisión de diciembre de 2019 del mismo Tribunal. Este mismo año el Parlamento ha estipulado que Puigdemont, Comín y Ponsatí (pero también Jordi Solé) no están debidamente acreditados en sus escaños al no haber seguido los trámites requeridos. Entraron en la casa por la decisión del TJUE de 2019, pero quizás porque el presidente entonces, muy presionado, se precipitó y no exigió los requisitos que todavía figuran. La presidenta Roberta Metsola tiene un problema en su mesa. Ha pedido asesoramiento a los servicios jurídicos que están estudiando qué efecto tiene esa falta de acreditación y si se podría o debería retirar el escaño a los diputados, con la inmunidad que lleva asociada. Esta interpretación de hoy puede pesar en esos informes.


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