La lentitud judicial con Gürtel juega contra Feijóo: aún quedan 4 procesos y el próximo se verá en 2023
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11 Abril 2022

La lentitud judicial con Gürtel juega contra Feijóo: aún quedan 4 procesos y el próximo se verá en 2023

La inoperancia de la Justicia con la macrocausa lastra políticamente al PP, que acaba de recibir su tercera condena por beneficiarse de los delitos.

Han pasado 14 años y algo más de 5 meses 5.270 días— desde la presentación de la denuncia que dio lugar al caso Gürtel. Lo hizo en noviembre de 2007 el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.

Aquel escrito, junto a las grabaciones que aportó con conversaciones entre los implicados de la trama, dio lugar a la apertura de diligencias en la Fiscalía Anticorrupción. Y, tras ello, a partir de 2008, de varias piezas separadas en los Juzgados de la Audiencia Nacional —el llamado buque insignia de la lucha judicial contra la corrupción para investigar el entramado corrupto encabezado por el empresario cuyo apellido, en alemán, dio nombre a la macrocausa, Francisco Correa

Y también provocó, con el paso de los años, que algunas de estas causas se tradujesen en un lentísimo goteo de condenas a dirigentes del PP e, incluso, al propio Partido Popular, por beneficiarse económicamente de estas actividades ilegales cometidas tiempo atrás.

La última, la tercera por este motivo, se produjo este viernes. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a la formación política como partícipe a título lucrativo —no cometió el delito y desconoció su comisión, pero se benefició del mismo— al pago de más de 200.000 euros.

Este fallo se ha conocido a los pocos días de la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP. Y los hechos a los que se refiere esta última sentencia ocurrieron entre 2003 y 2007, cuando el partido lo presidía Mariano Rajoy.

Francisco Correa, 'cerebro' de la 'Gürtel'.

Francisco Correa, 'cerebro' de la 'Gürtel'. Efe

Feijoó trató este viernes de restar importancia a lo que, a todas luces, es un lastre para su gestión, una losa política por hechos delictivos de más de 15 años atrás. El dirigente gallego aseguró que ni ha "leído" ni le "preocupa" la última sentencia de la Gürtel, ya que son hechos de hace casi dos décadas. "Hace 20 años me estaba afiliando al Partido Popular", indicó, en una rueda de prensa, desvinculando el nuevo PP de la corrupción del pasado.

Pero sí debería tener motivos de preocupación. Si no ahora, en un futuro. Aún faltan por ser juzgadas varias piezas. La próxima, la relativa a los contratos en 2009 de la Generalitat valenciana con una empresa de la trama corrupta, no lo hará hasta el 17 de enero de 2023. Y el juicio se extenderá, al menos, hasta el 23 de mayo. 

Francisco Camps, en una imagen de archivo.

Francisco Camps, en una imagen de archivo.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sentará Francisco Camps, por la última de las causas aún abiertas derivadas de su etapa pública. Y la fecha prevista para el fin del juicio coincide, precisamente, con el previsible inicio de la precampaña de las elecciones municipales en Valencia. Unos comicios a los que Camps —expresidente de la Generalitat y absuelto en la pieza de Gürtel denominada Trajes— quiere concurrir con el apoyo de su partido.

Y si nada cambia, en ese mayo se celebrarán también las elecciones municipales y varios comicios autonómicos. Conviene recordar que las sentencias de la Gürtel tienen eco político. La primera que condenó al PP por beneficiarse de la red corrupta, la de Época 1, en 2018, y su alusión a una caja B que el Supremo rectificó después, fue el principal motivo esgrimido por el llamado bloque de investidura para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa vía moción de censura. Y lo logró. 

Juicios pendientes

La lentitud de la Justicia, especialmente llamativa en un tribunal especializado en grandes casos de corrupción económica, la Audiencia Nacional, parece confirman aquel refrán que dice que las cosas de palacio van despacio.

En 2017, el juez instructor de Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, reabrió la pieza conocida como Caja B Comisiones finalistas. El pasado julio, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central número 5, como predecesor de De la Mata, dio por finalizada la investigación sobre si ciertas donaciones al Partido Popular por parte de empresarios de la construcción tuvieron por finalidad la adjudicación de obra pública.

Fachada de la Audiencia Nacional.

Fachada de la Audiencia Nacional. Efe

Y pendiente de juicio, aunque sin fecha, se mantiene la pieza Arganda, en la que se han investigado los contratos, supuestamente irregulares, firmados, entre 1998 y 2009, entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) y miembros de la trama. Tampoco tiene fecha la pieza Blanqueo, sobre el entramado urdido por la red corrupta para, supuestamente, eludir los pagos a Hacienda. Su señalamiento espera desde octubre de 2020.

Por otro lado, en la rama valenciana de la macrocausa, la próxima pieza que irá a juicio es la relativa a la contratación de las pantallas para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Y queda aún otra sentencia por conocer, la de la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Etapa Casado

Antes de Feijóo, su predecesor en el cargo, Pablo Casado sufrió algo similar. El 14 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo ratificaba gran parte de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Época 1, que había condenado, entre otros, a Luis Bárcenas, tesorero del partido en la etapa Rajoy.

Aquella pieza, la principal, abarcó hechos cometidos entre 1999 y 2005. Bárcenas, tras la rebaja del Supremo, fue condenado en firme a 29 años y un mes de prisión.

Exterior de la sede nacional de Génova 13 en Madrid, en una imagen de archivo.

Exterior de la sede nacional de Génova 13 en Madrid, en una imagen de archivo. Efe

También con Casado de presidente, el pasado 28 de octubre, el PP fue condenado por segunda vez, por su contabilidad opaca empleada para la reforma de la sede nacional de la formación, en la madrileña calle Génova. No obstante, este fallo se encuentra pendiente del recurso ante el Supremo.

Deshacerse de aquel imponente edificio, al considerarlo un símbolo de aquella etapa previa de corrupción y presentar su venta como una muestra de limpieza, fue la solución que planteó, entonces, la dirección del PP. Tras la salida de Pablo Casado de la presidencia, sumada a las dificultades para encontrar comprador, la operación ha quedado en suspenso.

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