La magistrada del TC elegida por Moncloa se abstiene del 25% porque antes avaló a la Generalitat
16:36
19 Enero 2023

La magistrada del TC elegida por Moncloa se abstiene del 25% porque antes avaló a la Generalitat

Laura Díez respaldó la ley de ERC que burlaba el mínimo de enseñanza en castellano. Comunica a Conde-Pumpido que el martes formulará su abstención sobre una cuestión que afecta al decreto que margina al castellano

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La magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, designada ponente de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra el decreto-ley diseñado para incumplir que el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas catalanas, tiene previsto abstenerse en el citado procedimiento.

Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Díez comunicó ayer de forma oficial al presidente Cándido Conde-Pumpido que va a formular un escrito de abstención de cara al primer Pleno jurisdiccional que se celebrará el próximo martes en las cortes de garantías. En el citado Pleno, donde todavía los cuatro nuevo miembros del TC -Juan Carlos Campo, César Tolosa, María Luisa Segoviano y la propia Díez- no llevan ningún asunto como ponentes debido a la premura de su incorporación al tribunal, se va a deliberar sobre una diligencia que afecta al decreto-ley de la Generalitat 6/2022 sobre el 25% del castellano.

En concreto, se trata de resolver el recurso de súplica que ha presentado la asociación Òmnium Cultural frente a la decisión del propio TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto del 25%, indican fuentes del órgano.

Al conocer el orden del día del Pleno, que fue distribuido ayer a los magistrados, Díez informó al presidente que no participará en la deliberación de la citada cuestión y que va a formular su abstención (que debe ser admitida por sus compañeros). La razón es que cuando la catedrática formó parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña emitió un dictamen jurídico sobre el citado decreto-ley donde se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Cataluña (decreto-ley 6/2022) y otro respecto a la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Abstención "de libro"

Las fuentes jurídicas consultadas, tanto de dentro como de fuera del Alto Tribunal, consideran que se trata de una abstención «obligada» y «de libro», ya que en esos dictámenes que fueron deliberados y votados por la magistrada -ex alto cargo de Moncloa- se avalaba la constitucionalidad de ambas leyes. Los mismos constituyen así un pronunciamiento previo donde se aludía a que las leyes catalanas recurridas no vulneraban los artículos 3 (el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) y 27 de la Constitución (donde se recoge el derecho a la libertad de enseñanza).

Fuentes del Alto Tribunal explican que, aunque las distintas ponencias se repartieron en el Pleno gubernativo del pasado martes, las mismas aún no han sido asumidas materialmente por los nuevos magistrados porque «procesalmente no ha dado tiempo». Sin embargo, las mismas fuentes informantes inciden en que Díez tiene voluntad de abstenerse en el asunto del 25% del castellano en las aulas catalanas y que «lo hará en cuando toque».

No en vano el artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable a los magistrados del Tribunal Constitucional en este caso, señala que es motivo de abstención «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

Además, con la abstención Díez se anticipa y evita que prosperase su recusación. De hecho, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya remitió ayer un escrito al TC tratando de recusar a la magistrada. Por otro lado, no era descartable que los recurrentes -PP y Cs- plantearan escritos similares.

La magistrada llegó aupada a la corte de garantías por el Gobierno. Es una persona de la confianza del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Tras haber sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, entró a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias, donde ocupó la vicepresidencia de la institución. Sin duda, su pasado profesional la obligará en el futuro a apartarse de asuntos que afecten a Cataluña o a leyes promovidas por el Ejecutivo.


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