La tensión se eleva en Perú tras una carta que insta al ejército a no reconocer los resultados de las elecciones
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20 Junio 2021

La tensión se eleva en Perú tras una carta que insta al ejército a no reconocer los resultados de las elecciones

El presidente interino Francisco Sagasti rechaza la maniobra contra Pedro Castillo y la ministra de Defensa la tacha de ''conspiración''

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"Es inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos para que quebranten el Estado de Derecho". Francisco Sagasti, presidente del Perú, se vio obligado a comparecer en la noche del viernes ante el país para rechazar de forma taxativa la última maniobra de quienes no aceptan los resultados electorales en el país andino.

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Escoltado por la primera ministra, Violeta Bermúdez, y por la ministra de Defensa, Nuria Esparch, el primer mandatario adelantó que la Fiscalía ya investiga quiénes realmente están detrás de la carta dirigida a los altos mandos del Ejército para que no reconozcan los resultados de la segunda vuelta electoral, celebrada hace dos semanas. El documento sólo aparece firmado por una persona y el resto es un listado de nombres, en el que aparecen incluso uniformados fallecidos.

"Habrían cometido delito vinculado a la conspiración", sentenció la ministra Esparch.

Ya hace una semana tanto el Ministerio de Defensa como el alto mando criticaron los llamados que a través de redes sociales se escuchaban para negar el resultado electoral, que escrutadas el 100% de la actas sitúa al izquierdista Pedro Castillo como virtual presidente del país andino, con sólo 44.058 votos de ventaja sobre su rival, Keiko Fujimori, la hija del dictador. El Jurado Nacional de Elecciones sólo proclamará ganador definitivo cuando haya resuelto todas las impugnaciones.

Fuerza Popular (FP), el partido de la dirigente populista, no ha logrado hasta ahora imponer su tesis de presunto fraude sistemático, una estrategia similar a la empleada por Donald Trump en Estados Unidos. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) han rechazado hasta ahora todos los pedidos realizados por FP, ya sea por falta de pruebas o por incorrecciones técnicas. En paralelo, y con la misma intención de dilatar la proclamación del presidente electo, FP anunció el jueves que solicitará el "habeas data" para tener acceso al padrón electoral. También un abogado de la órbita fujimorista ha presentado su propio recurso para que declaren nulas las votaciones.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), por el contrario, asegura que los comicios se desarrollaron de forma correcta y sin graves irregularidades. Fue precisamente la OEA quien en 2019 descubrió y demostró el fraude electoral montado en Bolivia por la revolución indígena para proclamar presidente en primera vuelta a Evo Morales.

Estas maniobras coinciden también con la última patada de ahogado del viejo Congreso. Un grupo de diputados de FP y cercanos han planteado una moción de censura contra la mesa directiva del Parlamento, pese a que sólo le quedan unos días antes de que concluya la legislatura y sean los nuevos congresistas, votados en paralelo a la primera vuelta presidencial, quienes asuman su escaño.

"Esta medida es desesperada, no existen elementos que la justifiquen. Generaría una nueva crisis política que atentaría contra la gobernabilidad y la estabilidad que el país necesita", señaló el grupo parlamentario del centrista Partido Morado, del que forma parte el presidente Sagasti.

La cruzada a la desesperada emprendida por Fujimori no es sólo por la presidencia, también por la libertad. El lunes, la dirigente derechista enfrentará el último pedido del fiscal para que regrese a prisión por haber incumplido presuntamente las reglas de conducta impuestas para su libertad provisional.

Sobre Keiko, quien ya estuvo más de un año entre rejas, pesa una acusación de la Fiscalía por lavado de activos y por formar parte de una organización criminal. La petición del fiscal anticorrupción es de 30 años de cárcel. Su padre, Alberto Fujimori, permanece en prisión condenado por violaciones muy graves de los derechos humanos.


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