La vicepresidenta de Ceuta responsabiliza a Marlaska de la entrega de menores: ''Es obvio que la decisión se adopta a otro nivel''
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8 Diciembre 2022

La vicepresidenta de Ceuta responsabiliza a Marlaska de la entrega de menores: ''Es obvio que la decisión se adopta a otro nivel''

María Isabel Deu recurre su imputación y afirma que la entrega menores fue decisión del Gobierno

Interior El caso de los menores de Ceuta cerca a Marlaska: "Por indicación del ministro, se ejecute el retorno" Tribunales La delegada del Gobierno de Ceuta insiste ante la juez en que el retorno de los menores a Marruecos lo decidió Madrid

La vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, recurrió ayer la decisión de la juez de enviarle a juicio, y lo hizo señalando a la cúpula del Ministerio del Interior como responsable del supuesto delito que supuso la entrega incontrolada de menores no acompañados a Marruecos. El recurso pide a la Audiencia Provincial que revoque la decisión de la instructora de sentarle en el banquillo por prevaricación. La aún vicepresidenta popular no atribuye lo sucedido a la otra imputada, la ex delegada del Gobierno en la ciudad autónoma Salvadora Mateos, a la que también exonera. María Isabel Deu sitúa la responsabilidad que más arriba, en el Gobierno central.

El recurso considera «obvio» que «por mucha voluntad que tuviesen consejera y delegada en ejecutar retornos de menores a Marruecos, la decisión se adopta a otro nivel y de común acuerdo entre dos Estados soberanos, sin que una u otra puedan llegar más que trasladar a los órganos competentes del Estado el problema acuciante que justificaría esta negociación».

El escrito afirma que la resolución judicial parte del error de considerar que se tramitaron unas repatriaciones -que sí habrían concernido a las imputadas-, cuando lo que en realidad se produjo fue «un retorno asistido» de los menores pactado por las «autoridades españolas competentes» conforme estaba previsto en el Acuerdo Internacional entre España y Marruecos firmado en 2007.

La consecuencia del alegado error fue atribuir a la imputada «una participación que no se produjo en una decisión que tampoco adoptó la Delegación del Gobierno en Ceuta, y que en todo caso se encuentra muy lejos de las capacidades efectivas que su condición respectiva de Delegada y Consejera de la Ciudad de Ceuta les atribuye».

La tesis de la vicepresidenta del gobierno ceutí supondría el archivo de la causa para las dos imputadas, pero su continuación con la mira puesta en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Hacia ahí ha orientado su actuación una de las dos acusaciones personadas, la Red Española de Inmigración, que ha recurrido la decisión de la juez de dar por concluida la investigación y pide que seguir practicando diligencias.

"Absoluta dejación"

Hacerlo supondría que, en última instancia el juzgado de Ceuta tendría que abandonar el caso y remitirlo al Tribunal Supremo, único competente para una investigación formal al ministro del Interior. La acusación popular que ejerce la ONG L' Escola, que fue quien interpuso la denuncia tras las repatriaciones, no ha recurrido una decisión de la juez que, si otros recursos no lo impiden, sentará en el banquillo a Salvadora Mateos como autora del delito y a María Isabel Deu como cooperadora necesaria.

En su auto del pasado 25 de noviembre la juez sostuvo que, «con su arbitrario proceder», las investigadas «hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral». Añadía que no existía «justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad, ya que ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales».

El origen de la investigación está en el cruce masivo de la frontera que se produjo en mayo del año pasado, cuando Marruecos se desentendió del control de la frontera en plena tensión política con España. Un millar de las 10.000 personas que cruzaron desbordando a las Fuerzas de Seguridad eran menores. Meses después, un grupo seguía sin ser devuelto a Marruecos. Según la juez, la respuesta fue la entrega por la vía de los hechos sin seguir procedimiento legal alguno.


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