Las demandas salariales de los funcionarios abren una nueva división en el Gobierno de coalición
09:36
6 Septiembre 2022

Las demandas salariales de los funcionarios abren una nueva división en el Gobierno de coalición

CSIF quiere pactar subidas para los próximos dos o tres años y que se recupere en ese plazo la pérdida de poder adquisitivo del 10% sufrida entre 2021 y 2022. Podemos está de acuerdo, el PSOE en contra

El sindicato de funcionarios convoca movilizaciones por los sueldos: "Somos un 20% más pobres que en 2009" Montero negociará con los funcionarios una subida multianual y dentro del pacto de rentas en septiembre

El sindicato más representativo de los empleados públicos, CSIF, anunció este lunes una gran movilización para el próximo 24 de septiembre en Madrid en la que pedirán al Gobierno que se siente a negociar una subida de los salarios de los funcionarios y personal laboral de la Administración que compense el aumento de la inflación de aquí a los próximos 3 años, un objetivo que el ala de Podemos del Gobierno apoya pero que la parte socialista rechaza.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya apuntó en julio que los funcionarios formarían parte del Pacto de Rentas, como publicó este periódico, lo que quiere decir que también deben cargar con parte del coste de la inflación y renunciar a una revalorización acorde a la subida de los precios; mientras que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señalaba la semana pasada que tratarían de "encontrar un alza que nos permita proteger los salarios públicos pero evitando una espiral inflacionista".

Desde CSIF, sin embargo, aseguran que los empleados públicos ya han contribuido a ese pacto asumiendo una pérdida acumulada en su poder de compra del 20% desde el año 2010, en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero bajó sus sueldos, y piden que el Ejecutivo se siente a negociar la próxima subida.

Los miembros de Podemos en el Gobierno sí son partidarios de elevar el salario de los empleados públicos para compensar la inflación, igual que piden a la patronal de empresarios que acepte subir los sueldos de los empleados del sector privado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha convertido en los últimos días en el adalid de las reivindicaciones salariales a nivel nacional.

Tanto es así que a finales de julio el grupo parlamentario de Unidas Podemos registró una propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados en la que planteaban, entre otras cosas, actualizar de cara a 2023 las retribuciones de los empleados públicos con la inflación prevista más un porcentaje adicional que permita recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo perdido en 2022. La iniciativa de los morados fue rechazada por el PSOE en la cámara baja.

Según confirman a EL MUNDO fuentes conocedoras de las reivindicaciones de CSIF, la propuesta de Podemos está alineada con los objetivos del sindicato, que cifra en un 10% la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados públicos en el último bienio. Su reto, por tanto, será que los sueldos suban los próximos dos o tres años conforme al IPC previsto (para evitar más pérdidas) y que aparte se compense el azote de la inflación de 2021 y 2022.

En 2021, los sueldos públicos subieron un 0,9% mientras que la inflación subió en promedio un 3,1% en los doce meses del año, lo que supone una merma del poder de compra de 2,2 puntos. A esta se suma la pérdida de casi 7 puntos que se producirá este año, dado que los salarios públicos han subido un 2% y el IPC registra un incremento medio del 8,98% en los primeros ocho meses del año.

En total, la pérdida acumulada asciende ya a los 9,18 puntos porcentuales. Esto supone que para que los empleados públicos pudieran afrontar el mismo nivel de consumo que en 2020, su sueldo debería haber subido un 9,18% adicional hasta la fecha y CSIF cree que esta brecha llegará al 10% a cierre de año.

Margen fiscal para subir sueldos públicos

Solicitar este incremento progresivo de los sueldos para compensar la inflación es "prudente", opinan internamente en CSIF, ya que el sindicato podría ser aún más ambicioso y pedir que se recuperara la pérdida del 20% acumulada desde hace más de dos décadas. Es su manera de contribuir al pacto de rentas, apuntan.

Esa recuperación del poder adquisitivo perdido, de ese 10%, podría producirse dividida en dos o tres años (3,3 puntos anuales) o bien incluir también este ejercicio 2022 de forma retroactiva, al igual que ha sucedido en Francia, donde el Gobierno de Emmanuel Macron ha aprobado un incremento del 3,5% en los sueldos públicos a aplicar desde el pasado 1 de julio.

El Ejecutivo tiene margen fiscal para aprobar este tipo de medida expansiva ya que los ingresos públicos han batido récord y el déficit público cerrará en un nivel inferior al previsto, según han admitido ya distintas instituciones como la autoridad fiscal, pero tiene que tener cuidado con el ejemplo que da al sector privado en la negociación colectiva y, sobre todo, con no aprobar medidas discrecionales que puedan provocar un mayor repunte de la inflación.

Desde el Ministerio de Hacienda confirman que próximamente se convocará la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en el marco de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ya que el Gobierno tiene obligación de negociar con los sindicatos los incrementos salariales de la plantilla pública.

Aunque los sueldos están en el centro de las reivindicaciones y es uno de los temas más sensibles actualmente por el aumento del nivel de precios, CSIF también reclama un plan de acción para recuperar la calidad de los servicios públicos -especialmente sanidad, educación y Seguridad Social- y el uso de los fondos europeos para reforzarlos.


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