Las familias denunciarán a la Generalitat de Cataluña si no cumple la sentencia del 25% del castellano y cambia el modelo lingüístico
13:18
24 Noviembre 2021

Las familias denunciarán a la Generalitat de Cataluña si no cumple la sentencia del 25% del castellano y cambia el modelo lingüístico

Las asociaciones constitucionalistas consideran que, si el Govern no acata, estaría incurriendo en desobediencia a la autoridad judicial

Educación El Tribunal Supremo consagra el 25% de clases en castellano y la Generalitat se niega a cumplirlo Educación El TSJC obliga a un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña por su uso "residual"

La consagración por parte del Tribunal Supremo del 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas se encuentra con el gran obstáculo de que la Generalitat no quiere acatar el fallo ni parece que el Gobierno central vaya a presionarle para que modifique todo su modelo lingüístico y entierre la inmersión que durante años se ha impuesto de forma sistemática en los centros educativos. Serán las familias afectadas las que, una vez más, tengan que instar a la ejecución de la decisión judicial. Ana Losada, presidenta de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), advierte de que, si el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no cumple, lo denunciarán.

«La Generalitat debe cumplir lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero, si no lo cumple, lo denunciaremos en el momento en que venzan los plazos. Está el precedente de Quim Torra, que fue inhabilitado por no querer quitar del Palau la pancarta en defensa de los presos», señala Losada. Pepe Domingo, portavoz de Impulso Ciudadano, explica que «el Gobierno es el que tiene que instar a la ejecución de la sentencia, pero también puede hacerlo cualquier padre afectado». «Esperemos que las autoridades educativas no incurran en desobediencia a la autoridad judicial», indica.

¿Qué planes tiene el Gobierno? Hasta ahora el Gobierno no ha hecho nada. Ni siquiera pidió la ejecución del fallo del TSJC, a pesar de ser parte en este procedimiento, que surgió por un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio. El Gobierno sostiene que el Estado «no puede interferir» en una materia que, en su opinión, es competencia de Cataluña y asegura que son los tribunales los que deben hacer cumplir las sentencias.

Lo que ocurre es que si el Gobierno sigue inhibiéndose, como ha hecho estos años, se vuelve a poner el estigma sobre las familias, que quedan señaladas si denuncian, pues el nacionalismo interpreta la petición del 25% -apenas una asignatura troncal más en castellano, además de Lengua- como «un ataque a toda la escuela catalana».

La Generalitat, de hecho, acaba de poner en marcha un plan que va en el camino contrario a lo que dice la Justicia, pues introduce más catalán y vigila el uso del castellano en los colegios, como se está haciendo de forma paralela en la universidad.

Su estrategia ahora será tratar de aferrarse a la Ley Celaá para decir que el fallo del TSJC ha quedado superado, pues cuando se interpuso el recurso de la Abogacía del Estado estaba vigente la Ley Wert, pero deliberadamente se olvida de que hay doctrina jurídica previa que lleva una década diciendo lo mismo. En 2015, por ejemplo, el Supremo ya consideró el 25% como «razonable» y «proporcionado».

La diferencia es que el Alto Tribunal no responde ahora a la petición de una familia concreta, sino que se establece que el cambio debe hacerse en todas las escuelas. Otro punto importante es que la Justicia deja claro por primera vez el «uso residual» del español en las aulas catalanas con datos aportados por la propia Generalitat, el TSJC dice que es sólo del 18% en Primaria y el 19% en la ESO.


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