Llop da marcha atrás en su negativa a apoyar Juzgados colapsados y evita un conflicto con el CGPJ

El Ministerio de Justicia acepta renovar las medidas de refuerzo hasta el próximo octubre con una nueva inversión de dos millones de euros.

El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han acordado este martes renovar hasta el próximo 31 de octubre las medidas de refuerzo aplicadas a Juzgados y Tribunales que se encuentran en una situación de colapso estructural.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión celebrada en la sede del órgano de gobierno de los jueces y que fue solicitada con carácter de urgencia por el CGPJ el pasado día 9 tras conocer que el Ministerio de Justicia había denegado 15 medidas de apoyo.

Esa decisión desató la alarma en el Consejo porque el próximo 30 de junio terminan otras 159 medidas cuya renovación se considera imprescindible.

La denegación de los apoyos se sumaba, además, a las reticencias del Ministerio a proporcionar más letrados al Tribunal Supremo, que atraviesa una situación difícil por la existencia de 13 vacantes de magistrados que el CGPJ tampoco puede cubrir. Se lo impide la reforma promovida por el Gobierno para que no haya nombramientos discrecionales mientras el Consejo esté en prórroga de mandato.

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Esa concatenación de negativas provenientes del Ministerio, en particular desde la llegada del nuevo secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, ha generado un creciente malestar en el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se considera maltratado por una situación -la falta de renovación- de la que no es responsable.

La reunión de este martes ha logrado evitar el enfrentamiento institucional que se avecinaba. Los vocales asistentes, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, expresaron su satisfacción porque el Ministerio ha abandonado su idea de dejar de financiar el 25% de las medidas de refuerzo y ha aceptado prorrogarlas durante cuatro meses más.

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Ello requerirá una nueva inversión de dos millones de euros que elevará a 12,5 millones el presupuesto destinado a paliar los déficits del servicio público de Justicia derivados del aumento de la litigiosidad y de la insuficiente planta judicial, sostienen en el CGPJ.

El departamento de Pilar Llop ha destacado que esa cantidad supone casi un 15% más de la inversión realizada en 2021 (10.893.475 euros) y casi un 276% más que la de 2015 (3.327.592 euros).

Por parte del Ministerio han asistido Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora general del Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.

"Hacía meses que nadie del Ministerio venía al CGPJ", subrayaron fuentes de este órgano, cuyo equipo de Inspección, encargado de filtrar las peticiones de refuerzos, también ha estado presente en el encuentro.

"Confiamos en que se den cuenta de que no pedimos por pedir y de que la denegación de medidas de apoyo lo único que hace es perjudicar a los justiciables", añadieron las mismas fuentes, que esperan que el acuerdo logrado este martes abra una etapa de entendimiento entre ambas instituciones.