Los 27 pactan limitar los beneficios de las energéticas y reducir el consumo eléctrico
13:32
1 Octubre 2022

Los 27 pactan limitar los beneficios de las energéticas y reducir el consumo eléctrico

Cada país podrá mantener sus medidas nacionales, tanto la minoración como los impuestos. La Comisión se resiste a limitar el precio del gas que llega de fuera como piden España y otros 14 países

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Los ministros de Energía de la Unión Europea han llegado este viernes a un acuerdo político sobre el reglamento que en las próximas semanas entrará en vigor para reducir el consumo eléctrico y gravar o limitar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Las líneas generales ya eran conocidas, pues fueron anunciada por la Comisión Europea durante el discurso sobre el Estado de la UE, en Estrasburgo, hace dos semanas, pero las capitales tenían que discutirlo, debatirlo, pulirlo o retocarlo. Así, por ejemplo, aunque el espíritu permanece intacto, se deja más claro que cada Estado Miembro podrá mantener las medidas que tuviera ya en vigor (como la minoración, el mecanismo ibérico o los tributos propios) y cumplan la misma función que las ahora impulsadas. Y por el lado contrario, se deja para algo más adelante la cuestión espinosa de si poner un tope o no al precio del gas que llega del exterior, sobre todo el ruso.

El de hoy es un acuerdo político, pero técnicamente no el último paso. En la Unión Europea la iniciativa legislativa la tiene la Comisión, que hizo su propuesta hace dos semanas y la perfiló el miércoles en lo que en el argot comunitario se conoce como un 'non-paper', un documento de trabajo para potenciar la discusión. Los embajadores llevan desde entonces analizándolo, hoy los ministros han dado el apoyo político y será la Comisión de nuevo, la semana que viene, la que lance su texto legislativo, que tendrá que ser ratificado por las 27 capitales, pero en teoría como un mero formalismo. Simultáneamente, Bruselas tendrá que seguir trabajando en ideas adicionales, pues lo lanzado no es suficiente.

La idea es clara. El pacto es reducir (voluntariamente) un 10% el consumo eléctrico en el medio plazo, pero hasta un 5% en las horas punta de forma obligatoria. Igualmente, se pone un tope a los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales (como las renovables o la nuclear) y un "contribución solidaria del 33%", porque en teoría es temporal y no permanente (lo que requería tramitarlo por otra vía y unanimidad) también a los beneficios de las empresas de combustibles fósiles a partir de ciertos umbrales.

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España está más o menos satisfecha con el resultado, porque reconoce que la insistencia que desde Moncloa han mantenido durante un año, tenía sentido, pero quería más. Lo que establece el reglamento no es una ampliación a toda la Unión del llamado Mecanismo Ibérico, que limita el precio del gas en la producción de energía, pues de hecho no es un mecanismo sino más bien un tope. Pero sí es un reconocimiento de que la posición española, durante mucho tiempo ridiculizada, se ha convertido ahora en el centro del debate. La propuesta se parece más a la minoración impuesta a principios de año en nuestro país, que absorbe los beneficios de todos los contratos cerrados por encima de 67 euros MWh. Bruselas lo amplía para todos, pero con un umbral de 180 euros, que en Moncloa no entienden.

La vicepresidenta Teresa Ribera ha dicho este viernes a su llegada a la reunión, en Bruselas, que había "decepción" por la propuesta de la Comisión, pues "se queda corta respecto a lo que Europa necesita". Las quejas de la vicepresidenta se concentran sobre todo en dos puntos. El tope de 180 euros al MWh establecido por el equipo de Ursula von der Leyen y a la negativa a ir a por un tope generalizado al gas que viene de fuera de la UE. La Comisión quería claramente uno para el gas ruso, pero no para países que como Noruega o Argelia, están compensando lo que ya no se compra a Rusia. España y otros 14 países, en cambio, exigían ir más allá.

Estos 15 han firmado estos días una carta conjunta pidiendo un tope, e insistiendo en que hay diferentes formas de hacerlo. La Comisión, respaldando a los otros 12 socios, cree sin embargo que poner un tope al gas que importa la Unión, tanto por gasoducto como por mar, es un error, peligroso y puede llevar a una interrupción en el suministro. Enfadaría a los suministradores y podría hacer que el que llega por mar acabe en otros destinos. España y sus aliados están decepcionados porque no hay siquiera una idea, y consideran que si bien ese riesgo de suministro es real, el riesgo de mantener los precios que están pagando ahora los ciudadanos, cinco o 10 veces superiores a los de los últimos años, es aún mayor.

"Tengo la impresión de que la Comisión Europea ha captado el mensaje. El origen del problema es el precio del gas y es verdad que al elegir las herramientas más eficaces no es sencillo y se necesitaba un análisis sobre las causas que estaban detrás", ha dicho Ribera al terminar el encuentro. "Ha habido un respaldo mayoritario, casi unánime, a la necesidad de adoptar medidas urgentes. Hay medidas operativas que todos respaldan como cambiar las referencias, el indicador de precio que se usa en la UE ahora, porque no responde a la realidad y distorsiona el funcionamiento de los mercados. Es el mensaje más importante, que no basta lo que tenemos hoy encima de la mesa. Hay que acelerar la capacidad de respuesta inmediata y queremos una propuesta mucho más completa", ha resumido la española, que ve también mucha más apertura en los que hasta ahora han sido más reacios. "Creo que Alemania y Países Bajos están abiertas a valorar otras opciones que nos permitan tener impacto directo en el precio del gas", ha zanjado.

Hay malestar en el sur con Berlín, que presume de que el sistema está hecho según su diseño, que se niega a ir más adelante en medidas generales pero que al mismo tiempo aprovecha su músculo fiscal par dedicar 200.000 millones de euros a aliviar la factura entre sus ciudadanos y empresas. Una medida general que también va en contra de las sugeridas desde Bruselas, que aboga por intervenciones muy concretas, entre los más vulnerables, precisamente para no alimentar la inflación.

Los críticos dicen que medidas como las españolas quizás hayan funcionado para abaratar los costes, pero han disparado el consumo de gas, cuando el objetivo es reducirlo al menos un 15%. El Gobierno se defiende y dice que es cierto que hay más uso de gas para producción eléctrica, pero porque estos meses ha tenido que ayudar, a través de exportaciones, a la demanda de Portugal y Francia, lastradas por una ola de calor y tener la mitad de su parque nuclear parados. Sin esa exportación, dicen, en consumo interno ha caído un 15%.


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