



Los cómplices que ayudaron a Trump en sus esfuerzos por interferir en las elecciones de 2020
El expresidente de Estados Unidos ha sido acusado de cuatro cargos por su presunta participación para revertir los resultados de las elecciones del 2020.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ser acusado este martes bajo la acusación de intentar revertir las elecciones del 2020. Los fiscales federales argumentan que el expresidente reclutó a seis personas para "asistirle en sus esfuerzos criminales para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 y conservar el poder".Los conspiradores no han sido nombrados durante las declaraciones de la acusación, pero las descripciones detalladas proporcionadas por los fiscales, otorgan pistas para identificarlos:
Rudy Giuliana
La acusación ha descrito al primer conspirador como un abogado "que estaba dispuesto a difundir afirmaciones falsas a sabiendas y perseguir estrategias" que la campaña para la reelección de Trump en 2020 no perseguiría.
Rudy Giuliana, exalcalde de Nueva York, trabajó como abogado personal de Donald Trump. El trabajo y esfuerzo impulsado por Giuliana y el equipo de Trump fueron, en parte, el motivo de la anulación de la victoria de Joe Biden en 2020.
El antiguo alcalde de Nueva York llevó a cabo falsos desafíos legales en estados clave para el Partido Republicano –Michigan y Georgia–. Además, promovió acusaciones carentes de fundamentos sobre la existencia de fraude electoral en los pasados comicios estadounidenses.
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Por estos motivos, el estado de Nueva York suspendió a Giuliana de ejercer su profesión en dicho territorio. No obstante, el abogado neoyorquino continuó reivindicando el fraude electoral incluso cuando muchos funcionarios estatales y federales, como William P. Barr o el propio fiscal general de Trump, cuestionaron las afirmaciones.
La acusación ha manifestado que Trump recurrió a este conspirador para hacerse eco de las afirmaciones falsas de fraude electoral. Los asesores del empresario le advirtieron que habían perdido el recuento de votos y, en cuanto a las afirmaciones de fraude electoral, eran falsos y carentes de fundamento con el objetivo de "perjudicar, obstruir y anular" los resultados de las elecciones del 2020.
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El propio Giuliani reconoció en privado que carecía de pruebas ante las afirmaciones de fraude electoral. "No tenemos la evidencia, pero tenemos muchas teorías", serían las palabras que supuestamente Giuliana expresó a un legislador de Arizona.
El asesor político y portavoz de Giuliani, Ted Goodman, expresó en un comunicado que la acusación ha querido criminalizar el acto de "atreverse a hacer preguntas sobre los resultados de las elecciones de 2020".
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John Eastman
El segundo "co-conspirador" fue un abogado "que ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente que supervisa el procedimiento de certificación para obstruir la certificación de la elección presidencial".
John Eastman, abogado conservador que trabajó como juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, elaboró una estrategia legal que incorporaba la creación de listas electorales, a favor de Trump, en territorios donde Joe Biden ganó. Además, Eastman expuso, sin pruebas, que la derrota de Trump en Georgia fue gracias al voto de 66.000 menores de edad y 2.500 delincuentes.
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La acusación también ha detallado las llamadas telefónicas que el cómplice hizo a los funcionarios estatales y al presidente del Comité Nacional Republicano, Ronna Mc Daniel, en las que los votos de los electores solo se utilizarían si el litigio en curso cambiara los resultados de un estado.
El abogado de Eastman, Charles Burnham, ha manifestado mediante un comunicado que la acusación "se basa en una presentación engañosa del expediente para idear cargos criminales contra el candidato presidencial Trump y para lanzar difamaciones ominosas sobre sus asesores cercanos".
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Sidney Powell
El tercer co-conspirador es descrito por la audiencia como un abogado cuyas acusaciones infundadas Trump "abrazó y amplificó públicamente" a pesar de que reconoció en privado a otros que las acusaciones infundadas de fraude electoral sonaban "locas".
La exfiscal federal, Sydney Powell se unió al equipo legal de Donald Trump en 2020, tras las elecciones. Powell afirmaba que las máquinas de votaciones habían sido hackeadas con el fin de amañar los resultados. Además, durante una rueda de prensa difundió informaciones falsas que fueron mal recibidas dentro del Partido Republicano. El equipo donde trabajaba durante la campaña de Trump se distanció de ella.
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A pesar del distanciamiento, Powell siguió presentado acusaciones y afirmando el fraude electoral. La abogada no desistió de su cometido y, después del asalto al Capitolio mantuvo sus declaraciones. Ha sido sancionada por mala conducta y, en varias ocasiones, demandas por difamación.
Powell declaró al comité de la Cámara de Representantes que el seis de enero no leyó ni revisó las declaraciones que presentó como pruebas de la existencia de fraude electoral. Además, argumentó, a través de un abogado, que "ninguna persona razonable" tomaría sus declaraciones como un hecho. Powell mantiene que sus reclamos serán probados.
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Jeffrey Clark
El cuarto "co-conspirador" se describe, por parte de la acusación, como un funcionario del Departamento de Justicia que se centró en asuntos civiles y trabajó con Trump "para abrir falsas investigaciones de delitos electorales e influir en las legislaturas estatales con acusaciones falsas de fraude electoral".
Jeffrey Clark es ex fiscal general adjunto en funciones de la División Civil de los Estados Unidos. Clark simpatizaba con las opiniones de Trump sobre las elecciones, de tal manera que el propio Clark se esforzó en ofrecerse voluntario en el Departamento de Justicia como defensor de las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral masivo durante las elecciones, según han testificado antiguos altos funcionarios del Departamento de Justicia.
Clark propuso enviar cartas a funcionarios de estados claves para Trump, en las que se dijera que el Departamento de Justicia había "identificado preocupaciones significativas" sobre el voto y que los estados deberían considerar enviar un listado de electores que distinguiese aquellos que votaron a favor de Trump, y los que no.
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Kenneth Chesebro
La quinta persona implicada sería un abogado que "ayudó a diseñar e intentar implementar un plan para representar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el proceso de certificación".
Kenneth Chesebro fue el primero en proponer que las listas de electores a favor de Trump se podrían organizar en los estados que perdió y ser reconocidos por el Congreso el 6 de enero.
La acusación ha declarado que este conspirador había hablado con un abogado de Arizona, identificado por la campaña de Trump como la persona que podría ayudar a ejecutar este plan electoral en ese estado.
"Su idea es básicamente que todos nosotros hagamos que nuestros electores envíen sus votos (a pesar de que los votos no son legales según la ley federal, porque no están firmados por el gobernador); para que los miembros del Congreso puedan discutir si deben ser contados el 6 de enero", escribió el abogado mediante un correo según afirma la acusación.
Chesebro ha manifestado que, durante la campaña de Trump, sus conversaciones estaban protegidas bajo secreto profesional.
Un asesor político
El último cómplice, según la acusación, es un "asesor político que ayudó a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el proceso de certificación”.
La acusación ha manifestado que esta persona envío a Giuliani un correo electrónico en el que se identifican a los abogados de los seis estados indecisos que hubiesen podido ayudar en el esfuerzo del fraude electoral.
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