Los letrados del Congreso advierten de que es ilícito reformar el TC y el CGPJ en la ley que quita la sedición
13:12
13 Diciembre 2022

Los letrados del Congreso advierten de que es ilícito reformar el TC y el CGPJ en la ley que quita la sedición

El aviso ha sido ignorado por la Comisión de Justicia, que ha aprobado por sólo dos votos de diferencia todos los cambios promovidos por el Gobierno.

Los servicios jurídicos del Congreso han hecho una advertencia expresa de la "antijuridicidad" de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial introduciendo esa modificación en una iniciativa legislativa que tiene un objeto totalmente distinto: la reforma penal que eliminará el delito de sedición y bajará las penas de la malversación de fondos públicos.

Esa advertencia de la ilicitud del procedimiento legislativo utilizado para cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial fue hecha ayer, lunes, durante la reunión de la ponencia constituida en la Comisión de Justicia sobre esta macroreforma, reunión que se celebró a puerta cerrada.

Pero los reparos técnicos de los letrados de la Cortes han trascendido esta mañana, cuando los portavoces del PP y del Vox se han referido a ellos durante el debate del informe de la ponencia en la Comisión de Justicia.

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Ignorando esas advertencias, la Comisión ha aprobado por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención todas las modificaciones promovidas por el Gobierno a través de los grupos del PSOE y Unidas Podemos.

Se trata una nueva reforma exprés cuya aprobación por el Pleno del Congreso está prevista para este jueves y que no sólo baja la mayoría necesaria para que el CGPJ elija a los dos miembros del TC que le corresponden. Además, suprime el plácet que el TC daba hasta ahora a los nuevos magistrados y acepta que la renovación del tribunal de garantías se haga por sextas partes (dos magistrados), en vez de por tercios (cuatro magistrados), que es la regla a la que se refiere el artículo 159 de la Constitución.

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Los letrados han objetado que las reformas que afectan al CGPJ y al TC puedan ser aprobadas en una proposición de ley orgánica cuyo objeto es "la transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso".

Los letrados de las Cortes no han puesto reparo técnico a que esa proposición haya acabado incluyendo otros relevantes cambios penales ajenos a su objeto inicial, como la nueva tipificación de la malversación de fondos, hecha con la finalidad de beneficiar a los implicados en el proceso soberanista catalán.

Recursos al TC

Pero sí han avisado de que los cambios que afectan al CGPJ y al TC no guardan conexión, homogeneidad ni congruencia con la reforma penal que es el objeto de la proposición de ley.

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El portavoz del Grupo Popular, Luis Santamaría, y el de Vox, Javier Ortega, han anunciado la presentación de recursos ante el TC que se basarán, entre otros argumentos, en la advertencia de "antijuricidad" puesta de manifiesto por los servicios jurídicos de la Cámara.

A ello se suma una tramitación parlamentaria a uña de caballo y sin los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía o el Consejo de Estado.

A las críticas por la vertiginosa tramitación parlamentaria impuesta por PSOE, UP y ERC con el objetivo de que estos cambios estén aprobados antes de fin de año se sumó el diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès, que esta mañana ha dicho que "se nos ha hurtado la posibilidad del debate".

"Es verdad", admitió Jaume Asens (UP), "se ha ido con demasiadas prisas. Pero hay cuestiones urgentes que no podíamos esperar más para solucionarlas y una de ellas es la situación de insubordinación y desgobierno que hay en el CGPJ. Estamos ante una subversión del orden constitucional que dura cuatro años".

Para Ciudadanos, Vox y PP, los que atentan contra el orden constitucional son, en cambio, los socios de Gobierno y ERC.

"Asistimos a uno de los más graves atentados que hemos visto contra el Estado de Derecho y contra la propia Constitución", dijo Edmundo Bal (Cs). La supresión de la sedición "deja absolutamente indefensa a nuestra Constitución".

Es una "legislación a la carta, que trata de beneficiar a 37 personas [las implicadas en el 'procés' con causas pendientes en los tribunales]  y la venta del Estado de Derecho a favor de la permanencia en el poder de Pedro Sánchez", ha manifestado el portavoz de Ciudadanos. 

El portavoz de Vox, Javier Ortega, ha hablado de "un golpe de Estado institucional" que "va a favorecer a quienes llevan décadas intentado romper la unidad de España y a los corruptos que se han lucrado ellos y sus partidos".

Para Luis Santamaría, Pedro Sánchez "pasará a la historia por demoler lo que logramos los españoles con la Constitución de 1978, por dejar impune la malversación de 1-O, ayudar a los que siguen amenazando la unidad territorial, tender un puente de plata a Junqueras para ser candidato a la Generalitat y contribuir a que España esté más cerca que nunca del referéndum de autodeterminación".

Respecto a las reformas que afectan al TC y al CGPJ, el portavoz del PP se dirigió al PSOE y a UP para decirles que "ustedes son para el Estado de Derecho lo que la carcoma a la madera: parasitan las instituciones para minarlas y destruirlas
desde dentro". 

Para el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, es preciso "recuperar los puentes rotos con la comunidad catalana y dar una oportunidad a la política".

También defendió el pacto con ERC sobre la reforma de la malversación y ha asegurado que "no se despenaliza ninguna forma de malversación y se endurece la persecución de corruptos".

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