Los letrados denuncian que el Gobierno cuela cambios en cinco leyes aprovechando los Presupuestos
23:18
10 Noviembre 2022

Los letrados denuncian que el Gobierno cuela cambios en cinco leyes aprovechando los Presupuestos

Las normas que se verán modificadas son: la ley del Gobierno, la General de Subvenciones, la de Contratos del Sector Público, el Estatuto del Empleado Público y la de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad

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La tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 va de tropiezo en tropiezo, pero el Gobierno está dispuesto a salvarlos todos por el método del veto o la imposición. Lo mismo depura más de un millar de enmiendas de los grupos parlamentarios a las cuentas públicas que cuela en la futura ley, a través de disposiciones finales, la modificación de hasta cinco leyes sin que las mismas tengan relación directa con el cuadro de ingresos y gastos para el nuevo ejercicio.

Las normas que se verán modificadas con la aprobación de los Presupuestos son: la ley del Gobierno, la General de Subvenciones, la de Contratos del Sector Público, el Estatuto del Empleado Público y la de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad.

Los servicios jurídicos del Congreso han emitido un informe advirtiendo de la inconstitucionalidad de esta maniobra y, pese a ello, la Mesa de la Comisión de Presupuestos, con la mayoría de voto de PSOE y Unidas Podemos, ha hecho oídos sordos al aviso y ha optado por mantener las disposiciones que contemplan las modificaciones legislativas.

Límites al contenido

El informe de los letrados recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido límites al contenido que se considera admisible en el proyecto de cuentas públicas que ha de circunscribirse, señalan, «a la aprobación de ingresos y gastos y a la regulación de materias que guarden directa relación con los mismos o contribuyan a hacer efectiva la política económica del Gobierno». Todo lo demás, puntualizan los juristas, debe quedar excluido porque «no está constitucionalmente permitido».

El Tribunal Constitucional fundamenta su criterio, tal y como explica la nota de los letrados, en la restricción de competencias de las Cortes Generales», es decir, «sus facultades de examen y enmienda que, en materia presupuestaria, tienen limitaciones que no se dan en la aprobación del resto de leyes».

Dicho de otra forma: si en el proyecto de ley de Presupuestos se cuelan modificaciones sustantivas de otras leyes, la Cámara ve mermada su capacidad para enmendar estas modificaciones porque queda constreñida por las exigencias, por ejemplo temporales, de la tramitación presupuestaria.

Partiendo de estos principios, los letrados de la Cámara señalan varios preceptos del proyecto de Presupuestos para 2023 que entran en contradicción con la doctrina del constitucional.

Se trata de las disposiciones finales sexta; décimo primera; décimo sexta; vigésima y vigésimo tercera. Con ellas se pretende reformar el procedimiento de elaboración de normas legales o reglamentarias recogido en el artículo 26 de la Ley del Gobierno y en lo que respecta a la Ley General de Subvenciones, se modifica el Plan Estratégico que deben aprobar las Administraciones que se propongan otorgarlas así como la base de datos nacional que las recoge y se reforman las concedidas por las Fundaciones del Sector Público.

En cuanto a la ley de Contratos del sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad se revisa la obligación que tiene la Junta Consultiva de Contratación de comunicar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, cualquier indicio que pueda suponer infracción de la legislación sobre materia de defensa de la competencia.

Asimismo, en el Estatuto Básico del Empleado Público se retocan los artículos que afectan a la negociación colectiva, representación y participación del personal laboral, pactos y acuerdos y planes de igualdad de las Administraciones Públicas.

En relación con la Ley de Contratos del Sector Público se reforman los apartados referidos al plazo de los mismos, las obligaciones de denuncia de indicios de colusión por parte de los órganos de contratación, las causas de prohibición de contratar, la clasificación de las empresas a efectos de acreditación de solvencia, la calificación de las ofertas presentadas, los supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el régimen general de la contratación centralizada, el estatus de los funcionarios al servicio de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y la regulación de la Oficina Nacional de Evaluación, entre otros aspectos.


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