Los siete pecados capitales de una ley que sólo puede salvar el Tribunal Supremo
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20 Noviembre 2022

Los siete pecados capitales de una ley que sólo puede salvar el Tribunal Supremo

La solución al caos del 'sí es sí' está en manos del Alto Tribunal, que hace 4 años ya tuvo que rectificar la sentencia de 'La Manada' que impulsó la fallida ley actual

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La indignación que hace cuatro años y medio generó la primera sentencia de La Manada activó una doble respuesta. La judicial acabó pronto por la vía de recursos con duras condenas a 15 años de cárcel por violación; la política, con una reforma de los delitos sexuales que acaba de desembocar en revisiones de condenas ya firmes y la imposición de otras más bajas que antes de la reforma.

El 26 de abril de 2018, la Audiencia de Navarra anunció su decisión: nueve años de prisión por abusos sexuales, no por violación, y encima con un voto que propugnaba la absolución. Esa tarde se iniciaban las manifestaciones del yo sí te creo contra una justicia «machista y patriarcal».

Origen político

El Gobierno del PP reaccionó con todo. Al día siguiente de la sentencia, y después de sufrir un escrache en un acto en Córdoba, el ministro de Justicia hizo dos cosas: activó la Comisión de Codificación para que reformara el Código Penal y arremetió contra el juez del voto particular. Lo primero que le dijo esa comisión al ministro popular es que el problema no era la ley, sino una interpretación errónea del tribunal que se podría resolver en los recursos. La dura sentencia final del Supremo daría la razón a esa tesis. Pese al aviso, la reforma siguió en marcha. Lo que no siguió fue el PP, víctima de una moción de censura.

Guerra en Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez sustituyó a Rafael Catalá por Dolores Delgado. Tras socavar el trabajo de la comisión por la ausencia de mujeres, el control de la reforma pasó a manos del Ministerio de Igualdad. Lo que inicialmente iban a ser unos retoques que apagaran la indignación de la calle pasó a ser la una nueva ley que haría de bandera de Irene Montero. Las pretensiones de la ministra acabaron chocando con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que consideraron el texto una chapuza entre lo inane y lo peligroso. Las discrepancias y la urgencia de Montero para exhibir el anteproyecto de ley en el simbólico Consejo de Ministros previo a la marcha feminista del 8 -M generaron el primer gran choque en Moncloa.

«La Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo», anunciaba la Secretaría de Estado de Comunicación. Una frase incompatible con otra pronunciada entonces por el vicepresidente Pablo Iglesias. «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», dijo con el ministro Campo en mente.

El oscurantismo

Montero ganó y la fecha se cumplió, pero el consenso total nunca existió. Un primer informe de Justicia sobre la ley incluía en sus 26 folios de objeciones con frases tan significativas como «se ruega encarecidamente su estudio de nuevo de manera sosegada».

Y ya se advertía sobre consecuencias indeseadas al revisarse las penas. Se pedía expresamente revisar «el arco penológico», es decir, los nuevos límites mínimos y máximos. También cuestionaba la redacción de la cláusula del sólo si es sí, a la que Igualdad concedía el efecto taumatúrgico de impedir más sentencias infames. Las discusiones continuaron incluso el mismo día de su anuncio ante la prensa. Los ministros que no estaban concernidos reconocieron que ni siquiera habían llegado a tener el texto, que no se divulgó. Las objeciones de Justicia habían hecho alguna mella. Por ejemplo, Igualdad había abandonado su idea de bajar de 15 a 12 y medio la pena máxima de violación. El texto del anteproyecto que anunció -sin mostrarlo- el Gobierno volvía al máximo de 15.

Informes: del consentimiento...

A los que no se podía ocultar el texto era a los organismos que debían informar. Principalmente, el CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado. Los tres incluyeron objeciones o avisos, tanto sobre la definición, crucial para el ministerio, de lo que era consentimiento como sobre las penas. Igualdad hizo caso a algunos puntos. La deficiente redacción inicial de lo que era el consentimiento, que parecía más un no es no que un sí es sí, se reformuló, como pedían los tres informes clave.

Pero incluso con una redacción atinada, el Consejo de Estado advertía de que, en la práctica, la formulación del sólo sí es sí apenas supondría un cambio en la actuación de los tribunales. No, obviamente, porque no lo fueran a aplicar, sino porque los jueces ya estaban centrando sus sentencias en el consentimiento.

...A las penas

Los tres informes hacían mención a ese punto central, cada uno a su manera. El CGPJ advirtió de que se bajaban los límites máximos en prácticamente todos los casos. «La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas». El aviso se refería los máximos, no a los mínimos, que son los que han acabado produciendo las revisiones conocidas hasta ahora.

El Consejo de Estado, sin embargo, elogiaba la reducción de máximos para que no estuvieran a la altura de delitos más graves como el asesinato. Se trata de una tesis siempre bien acogida entre la doctrina y que de hecho estaba en el origen de la reforma, pero que desde Igualdad no se ha querido defender en público.

En cuanto al informe de la Fiscalía, dejaba constancia de las rebajas, aunque sin calificar sus consecuencias, con un aséptico cuadro de las penas y algún ejemplo. «Como puede observarse en el cuadro en el supuesto de una agresión sexual con penetración con concurrencia de una circunstancia agravante según la regulación vigente cabría la imposición de una pena de 12 a 15 años de prisión mientras que con la regulación propuesta, entre 7 y 12 años».

Desoír al resto de grupos

Igualdad cedió algo. El texto que volvió al Consejo de Ministros y salió como proyecto de ley hacia las Cortes elevaba los máximos en varios supuestos para dejarlos como estaban antes. En el ejemplo de la Fiscalía, los 12 de pena máxima volvían a ser 15, si bien el mínimo seguía muy por debajo del entonces vigente. Igualdad creía que ese cambio sería suficiente para evitar la indignación social de la que se le venía avisando.

En la tramitación parlamentaria, el PP, ERC y PDeCAT volvieron a advertir sobre la rebaja de penas, aunque de nuevo centrados en los límites máximos. Los partidos en el gobierno no atendieron las enmiendas y el 6 de septiembre la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual se publicaba en el BOE.

Culpar a los jueces

Un mes después, el 7 de octubre, la ley entraba en vigor. Esa misma tarde, un profesor condenado por abusos sexuales a sus alumnos salía anticipadamente de prisión. El tribunal le acababa de reducir cinco años la condena al considerar que la ley de sólo sí es sí había eliminado el delito principal por el que se le condenó. Los casos que salieron a la luz el pasado martes incluían dos violaciones a las que se les rebajaron dos años, un abuso de un padrastro a su hija que también se quedó con dos años menos.

Tras culpar a los jueces por machistas e ignorantes y un amago no continuado de volver a cambiar la ley, Igualdad y el resto del Gobierno han optado por encomendarse al Supremo. Con la esperanza de que unifique el criterio a su favor y solucione el asunto, tal y como solucionó hace dos años el de La Manada con la sentencia más dura.


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