Los sindicatos presionan al Gobierno para subir más las cotizaciones al asumir que la CEOE no pactará la reforma de pensiones
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17 Diciembre 2022

Los sindicatos presionan al Gobierno para subir más las cotizaciones al asumir que la CEOE no pactará la reforma de pensiones

Dado que es probable que la patronal no entre en el acuerdo, UGT y CCOO piden a Escrivá que sea más agresivo con la subida de bases

Escrivá mantiene su plan de subir las cotizaciones, una medida criticada por ser un "impuesto oculto"

Llegados a este punto de la negociación para la reforma de las pensiones, cuando quedan quince días para que acabe el plazo y dada la tensión que se ha vivido esta semana entre la patronal y el Gobierno, los sindicatos asumen ya que la CEOE no firmará el acuerdo, de ahí que, dado que ya no será necesario 'contentar' a sus dirigentes, pidan al Gobierno que vaya más allá en la subida de las cotizaciones sociales.

"El Gobierno ha hecho una propuesta timorata al querer subir un 1,154% anual las bases máximas de cotización para que en 2050 la subida haya sido del 30%. Esto supone que la base máxima pasará de 4.200 euros en el mejor de los casos a unos 5.200 euros en 2050, lo que significa que seguirá todavía más de 1.000 euros por debajo de las bases máximas de otros países europeos semejantes a España", denunciaba este viernes Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, quien negocia por parte de este sindicato. "Países con un nivel de vida inferior a España como Grecia, tienen la base máxima de cotización en 6.500 euros; Serbia, en 6.400 euros; países similares como Alemania, en 8.500; Italia, en 8.500. Hay margen para subirlas más", reclamaba.

El propio secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, reconocía en una entrevista con EL MUNDO esta semana que ahora mismo la clave de la negociación de la reforma está en si la CEOE va a estar o no en el acuerdo, ya que si se descarta esa posibilidad entonces el Gobierno podría ser más agresivo en sus planes de incrementar los ingresos de la Seguridad Social, una petición que comparten en CCOO, que siempre han sido defensores de destopar del todo las bases.

Esto en la práctica supondría que no habría una base máxima, como ocurre en muchos países, y que el tipo de cotización se aplicaría a todo el sueldo, como sucede con el IRPF. Entre la propuesta actual del Ministerio y el destope absoluto, hay un margen intermedio de mejorar los ingresos, consideran en UGT.

La cuestión es que todos estos movimientos se tienen que gestar en apenas quince días que quedan hasta fin de año, ya que el Gobierno se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación a cumplir con la segunda parte de la reforma en ese plazo -la primera parte, que se centró sobre todo en la revalorización de las pensiones con el IPC, ya fue aprobada y está en vigor-.

Una vez aprobada la parte de la reforma que blinda la suficiencia de las pensiones quedaba la más difícil: la que busca garantizar su sostenibilidad; y el problema está en que esa negociación se ha abierto tarde, en concreto el 28 de noviembre, después de que concluyera el proceso electoral en la CEOE. Sindicatos y el Ejecutivo señalan que ese proceso es el que impidió que se negociara antes, mientras fuentes de la patronal apuntan que el diálogo se podría haber mantenido antes de los comicios internos.

Poco margen de maniobra

En cualquier caso, lo cierto es que el diálogo arrancó hace unas semanas y desde el primer momento se mostraron las discrepancias, especialmente por el lado de la patronal, que no está dispuesta a firmar una subida de las cotizaciones sociales que pagan las empresas. La propuesta del Gobierno es incrementar las bases máximas en 1,154 puntos porcentuales cada año -que se sumarán a la revalorización con el IPC- entre 2025 y 2050, para que llegado ese año las bases máximas hayan subido un 30% en términos reales, sin contar la inflación.

Por ejemplo, en 2023, las bases máximas subirían un 8,5% -conforme a la inflación promedio de este ejercicio- y un 1,154% adicional, con lo que la subida nominal sería del 9,654%.

Esta medida, unida a que el tipo de cotización subirá ya en 2023 hasta el 28,9% -de los que 24,1 puntos recaen en la empresa- supone que lo que aportan las empresas a la Seguridad Social por cada uno de sus empleados subirá el próximo ejercicio y los siguientes.

El ministro del ramo, José Luis Escrivá, esperaba que la CEOE y Cepyme pudieran aceptar el incremento, aunque entre las filas de Antonio Garamendi lo ven como "una derrama" que no es aceptable. De todas formas, su posición se ha reafirmado esta semana después de que estallara el conflicto con el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, por haber pactado con Bildu una enmienda que, en su opinión, vulnera lo acordado para la reforma laboral hace un año.

Ante este clima, se da por hecho que la patronal no aceptará este acuerdo y, dado el escaso margen de maniobra que tiene Escrivá para presentar alternativas en apenas quince días, se asume ya que la reforma llevará sólo la rúbrica del Gobierno y los sindicatos en un pacto bipartito, siempre y cuando el Ministerio acepte las condiciones de los sindicatos, entre las que figura que no haya una nueva ampliación del periodo de cálculo para las pensiones.

Al Ministerio le interesa deshacerse de esa medida, ya que tampoco cuenta con el apoyo políticosuficiente para sacarla adelante en el Parlamento -Podemos está en contra y otros de sus socios políticos habituales, también-, la cuestión está en que tendrá que buscar algún argumento para decirle a la Comisión que ha cumplido con lo prometido en el componente 30, es decir que ha "adecuado a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional".


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