Mariano Rajoy, imputado en Andorra por supuesta coacción para obtener datos bancarios de Pujol

También sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. Presionaron para conseguir datos de los Pujol, Artur Mas y Junqueras.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, están siendo investigados en Andorra a raíz de una querella por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental tras las presiones de la Policía a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información secreta del expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.

La imputación de Rajoy y Fernández Díaz deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d'Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

La juez de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie García García, ha expedido ahora comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da 15 días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio.

También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Díez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron.

La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada "policía patriótica", se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol.

La querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid -ambos ya clausurados- si no facilitaban la información exigida.

Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que "intimidaba" al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.