Medio centenar de funcionarios de Prisiones denuncian ante la Justicia al Gobierno vasco por discriminación laboral
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19 Mayo 2022

Medio centenar de funcionarios de Prisiones denuncian ante la Justicia al Gobierno vasco por discriminación laboral

Los trabajadores llegaron a Euskadi tras un concurso de traslados y constatan ante el TSJ vasco que ganan 500 euros menos al mes, han perdido 16 días de descanso y no les dejan usar instalaciones

Cincuenta y cuatro funcionarios de las tres prisiones vascas han registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un «contencioso especial de protección de derechos fundamentales» por la «discriminación» laboral que sufren desde el pasado 24 de agosto. Trabajadores procedentes de Cantabria, Asturias, Madrid e, incluso, desde Canarias han comprobado que el Ejecutivo vasco les abona hasta 500 euros menos al mes que a sus compañeros, cuentan con 16 días menos libres y se les ha prohibido utilizar pabellones para descansar lo que ha provocado que varios de ellos duerman en furgonetas camperizadas. Los problemas laborales se han visto agravados por la falta de personal y el Ejecutivo vasco ha paralizado una bolsa de trabajo que tenía previsto activar antes del mes de agosto con 60 interinos por las dudas sobre la legalidad de la convocatoria.

El medio centenar de funcionarios de prisiones que ya han formalizado su demanda ante el Contencioso Administrativo del Superior de Justicia vasco consideran vulnerado su derecho constitucional a la igualdad tras comprobar que sus condiciones laborales son notablemente peores que las de los trabajadores que se incorporaron a la administración vasca el 1 de octubre de 2021. Una transferencia arrancada por el PNV a Pedro Sánchez por el apoyo al presidente nacionalista que se inició con la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

El Gobierno vasco pactó con el ministro Grande-Marlaska la propiedad y la gestión de las prisiones de Zaballa (Álava), Martutene (San Sebastián) y Basauri (Bilbao) donde cumplen sus condenas 1.365 reclusos, incluidos el casi centenar de presos de ETA. Antes de asumir el control de los centros penitenciarios, el sindicato ACAIP-UGT advirtió de que faltaban 80 trabajadores para realizar los múltiples servicios en las tres prisiones. Desde la asunción de la transferencia los problemas laborales se han multiplicado al reducirse el número de trabajadores tras el último concurso de traslados, por las jubilaciones en los últimos siete meses y por las diferentes condiciones laborales entre trabajadores que realizan los mismos servicios.

El Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir al pago de jornadas extra o 'peonadas' a los funcionarios para paliar la falta de personal en servicios de vigilancia en los tres centros pero especialmente en Zaballa, la prisión más grande de Euskadi con una docena de módulos y en la que se encuentran 45 condenados por terrorismo. En Martutene, los problemas laborales más graves se encuentran en el área de administración ya que tras el último concurso de traslados han quedado sin cubrir 16 de los 17 puestos de trabajo. La dirección de esta prisión situada en San Sebastián está intentando derivar personal de vigilancia a las funciones de oficina pero se encuentra con el hándicap de que en administración no se facilita concentrar en dos o tres días la jornada semanal.

La directora de Martutene Marian Moreno ha comunicado a personal de la prisión su decisión de renunciar como también lo ha hecho durante la semana pasada Arantza Collado -responsable de gestión de personal de las prisiones vascas- y otras tres responsables de servicios de las cárceles de Zaballa y Basauri. Collado, junto al director de Justicia Jon Uriarte han sido los encargados por la consejera Beatriz Artolazabal de facilitar la integración de los funcionarios transferidos y activar un proceso de sustitución de estos trabajadores por incorporaciones del País Vasco. Collado ha comunicado a sus colaboradores más cercanos que abandonará su cargo actual el 1 de junio mientras que el resto de las responsables que también han comunicado su salida esperarán al nombramiento de sus sucesores.

La demanda presentada por estos 54 funcionarios a la que ha tenido acceso EL MUNDO no sólo advierte de la discriminación laboral de los empleados llegados a Euskadi el 24 de marzo sino que denuncia que el Gobierno de Urkullu «oculta de forma intencionada información clave y necesaria sobre las condiciones de trabajo» de estos funcionarios.

El Ejecutivo vasco pactó en septiembre de 2021 con ACAIP-UGT las condiciones de los funcionarios transferidos a 1 de octubre y cerró otro acuerdo el 5 de abril de 2022 con el mismo sindicato sobre el marco laboral (salario, permisos, etc.) para los 65 nuevos funcionarios que optaron al concurso de traslados. La responsable de la gestión de recursos humanos de las prisiones Arantza Collado ha contestado a los funcionarios que no puede trasladarles estas condiciones porque el acuerdo suscrito aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Portavoces del Departamento de Justicia vasco también han negado facilitar este acuerdo pese a que fue publicitado por el Ejecutivo de Urkullu en su página web. "Estamos en un limbo", lamentan portavoces de los funcionarios que han conformado esta plataforma que confía en la Justicia para que se garantice la igualdad en las condiciones laborales de los funcionarios.

Una situación que también denuncian los sindicatos y que se concretará mañana jueves en la concentración que realizarán frente a las puertas de la cárcel de Zaballa en Álava. El sindicato nacionalista ELA ha advertido de que la transferencia de las prisiones a Euskadi "ha traído consigo el hartazgo generalizado del colectivo, que ha visto cómo la transferencia se traduce en una pérdida de condiciones laborales y en un gran caos organizativo".


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