Multados con 180 euros los activistas denunciados por los Franco por acceder a la Casa Cornide
16:45
9 Febrero 2021

Multados con 180 euros los activistas denunciados por los Franco por acceder a la Casa Cornide

Ocho de los nueve militantes del BNG que accedieron a la Casa Cornide en septiembre de 2017 para reivindicar su devolución ''al pueblo gallego'' han sido condenados por un delito leve de coacciones.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de La Coruña ha condenado a pagar una multa de 180 euros a ocho de los nueve militantes del BNG acusados por la familia Franco tras haber subido al balcón de la Casa Cornide -propiedad de la familia del dictador- durante una protesta para reclamar que pasase a ser de titularidad pública.

El juez ha considerado a ocho de los nueve acusados autores de un delito leve de coacciones, mientras que ha absuelto a uno de ellos -Dani Carballada- después de que éste declarase que tan solo había ayudado a los demás a abandonar el inmueble después de lo que coincidieron en describir como una "acción simbólica".

De acuerdo con la sentencia -que no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de La Coruña-, los acusados, que accedieron a la Casa Cornide en septiembre de 2017, permanecieron 50 minutos en el balcón del inmueble desde que un agente de la Policía Nacional les requirió que bajasen.

"En su acto de reivindicación se actuó en detrimento de los derechos de otros, invadiendo, si quiera temporal y parcialmente, la parte exterior de una vivienda privada", recoge la sentencia, que entiende que para llevar a cabo la protesta "devino innecesario el acto de violentar el uso pacífico de la casa y la integridad de sus titulares, por más que no se encontrasen en ella".

Así, el juez ha apuntado que los condenados utilizaron "medios indebidos y limitantes, cuando no directamente ofensivos, de los legítimos derechos de terceros" durante su reivindicación.

Los nueve acusados comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de La Coruña el pasado 4 de febrero y sostuvieron en todo momento que los hechos ocurridos en septiembre de 2017 fueron "una acción simbólica" que buscaba denunciar un "expolio" y pedir que el inmueble pasase a manos "del pueblo gallego".

Durante la vista, el habitante de la casa y encargado de su mantenimiento, que había salido a hacer la compra antes de que los activistas accediesen al inmueble, aseguró que la acción le había parecido "ilegal" al ser la Casa Cornide "una propiedad privada".

Antes de acceder a los juzgados, una de los acusados, Elvira Branco, señaló que acudían a la vista "con la frente alta y tranquilos" y "con la única finalidad de llamar la atención de que en Galicia hay inmuebles robados por los Franco".


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