Norman Foster testificará desde Suiza ante el juez Pedraz tras ser citado con aviso de detención
03:21
19 Marzo 2021

Norman Foster testificará desde Suiza ante el juez Pedraz tras ser citado con aviso de detención

Las autoridades helvéticas localizan al arquitecto a petición de la Audiencia Nacional para que declare sobre el Campus de la Justicia. 

El arquitecto británico Norman Foster declarará como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 4 de mayo en el marco del procedimiento penal que tramita la Audiencia Nacional sobre el frustrado proyecto de construcción del Campus de la Justicia de Madrid.

Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de la Comunidad madrileña, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para construir dos de los edificios judiciales más emblemáticos por importe de 179,6 millones de euros. El proyecto no salió adelante, si bien el arquitecto cobró 13,7 millones de euros.

La Audiencia Nacional lleva más de un año intentando tomar declaración a Foster y, de hecho, el procedimiento ha pasado ya a la fase de preparación del juicio oral teniendo pendiente la realización de esta diligencia.

El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, cursó el 14 de enero de 2020 una Orden Europea de Investigación al Reino Unido para la citación del arquitecto atendiendo a los datos indicados por la dirección letrada de Foster en España. Sin embargo, las autoridades británicas contestaron que no habían podido localizarle dado que reside en Suiza.

De la Mata se dirigió entones a las autoridades suizas. En la comisión rogatoria indicó que "teniendo en cuenta que [Foster] se encuentra en paradero desconocido y que han sido infructuosas las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio, se interesa que por las autoridades policiales competentes se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación".

El juez instructor añadía que "la citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer".

En una providencia dictada el pasado martes, el juez Santiago Pedraz, que se ha hecho cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras la marcha de De la Mata a Eurojust, da cuenta de que las autoridades de Suiza han confirmado la localización de Foster y su citación para declarar desde el país helvético por videoconferencia.

La Audiencia Nacional investiga desde marzo de 2018 presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid.

Entre los contratos investigados se encuentran algunos de los relativos a los dos edificios que diseñó Foster. Eran los inmuebles destinados a ser sedes del Tribunal Superior de Madrid y de la Audiencia Provincial. "Sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros", ha afirmado el juez en sus resoluciones.

Contrato de 13 millones

El proyecto de construcción de esos dos edificios se presupuestó en 179,6 millones de euros sobre los que se calcularon los honorarios de Foster&Partners: 11,6 millones de euros, a los que se añadiría en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios. El importe global del contrato con Foster ascendía, por tanto, a 13.317.653 euros incluyendo gastos.

La Comunidad de Madrid y Foster firmaron de común acuerdo la suspensión del contrato el 2 de marzo del 2009, cuando el importe total facturado por Foster&Partners ascendía a 10,6 millones por los trabajos ya realizados.

No obstante, el dinero percibido por la firma de arquitectos fue finalmente superior. En el memorando suscrito se establecía que, en caso de rescisión del contrato, Foster podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados".

En una resolución dictada el pasado 12 de noviembre, el juez instructor vio motivos para sentar en el banquillo al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, junto a otras cinco personas: Isabelino Baños, Mariano Sanz, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo, que fueron, respectivamente, director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de seguridad del Campus de la Justicia, con el asesoramiento de Félix José García de Castro.

Perjuicio de "cientos de millones"

Según el instructor, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM (...), menoscabando los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

El juez deja claro que "no sustrajeron para su lucro personal el dinero de la Administración en perjuicio del patrimonio público" sino que, por los procedimientos de adjudicación utilizados, el funcionamiento de una entidad pública como fue el Campus de la Justicia "resultó deteriorado, dañado y menoscabado tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial, hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros".

Entre los contratos presuntamente irregulares se mencionan la "Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 (2007)” o la “Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 (2006)”.

También se aprecian irregularidades en los contratos de “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)” y la “Edición y distribución del libro Foster&Partners”, entre otros.

El juez afirma que, indiciariamente, las personas investigadas, con conocimiento de "la ilegalidad de su actuación”, no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos y de los informes técnicos de valoración, en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o prescindieron en varias ocasiones de procedimiento de contratación alguna.

El auto de continuación del procedimiento y preparación del juicio oral fue confirmado por la Sección Penal Cuarta el pasado 29 de enero.


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