Objetivo: recuperar 32.000 millones de la economía sumergida con el control digital de los pagos
16:36
5 Marzo 2021

Objetivo: recuperar 32.000 millones de la economía sumergida con el control digital de los pagos

Lo recaudado con a digitalización de los medios de pago en servicios, comercios y sector público cubriría dos años de pagos del ingreso mínimo

La digitalización de los medios de pago entre empresas y particulares acabaría de golpe con buena parte de la elusión fiscal de la economía sumergida y elevaría la recaudación tributaria hasta en 32.000 millones al año. Con esa cantidad se cubriría, por ejemplo, el presupuesto de dos años del ingreso mínimo vital -contando con su ejecución prevista al completo, es decir, con 850.000 hogares cubiertos y hasta tres millones de beneficiarios-, el presupuesto anual de varios ministerios o tres meses del pago de las pensiones contributivas.

Son estimaciones realizadas por Payment Innovation, el hub de CaixaBank, Visa y Samsung, que junto a Analistas Financieros Internacionales (Afi) concluyen que, a pesar de que la crisis sanitaria ha provocado un cambio de hábitos entre la población a favor de los pagos digitales y de la tendencia decreciente mostrada en los últimos años, el uso del dinero en efectivo sigue siendo la vía más utilizada por los españoles para hacer sus pagos y transacciones comerciales. Por ello, concluyen que se mantienen muy elevadas las cotas de dinero que se manejan al margen del control fiscal.

Según reconoce el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), hasta 270.000 millones se mueven en la economía sumergida en España y, por tanto, están fuera del control tributario. Eso sería equiparable al 25% del PIB nacional, de los que 91.600 millones de euros estarían directamente relacionados con el fraude fiscal. De ellos, 60.600 millones serían por impuestos evadidos y los otros 31.000 en cuotas defraudadas a la Seguridad Social, según las estadísticas aportadas por Gestha.

Para Payment Innovation, de toda esa economía sumergida, entre 16.000 y 32.000 millones de euros podrían engordar las arcas públicas si se digitalizaran en su totalidad los focos de actividad de la economía sumergida derivada del trabajo no declarado, el fraude del IVA y de las infradeclaraciones que existe en el modelo de tributación por módulos del IRPF. Los números barajados para el estudio toman de base dos años más atrás, cuando la economía sumergida del año 2017 equivalía al 18% del PIB, por un valor no declarado por valor de 209.136 millones, que los autores del informe aconsejan atajar poniendo coto a los pagos en efectivo con la promoción de los pagos digitales desde el propio sector públicos.

Para combatir esta “economía informal” que se cobija con los pagos en efectivo, Afi aconseja en su informe introducir los pagos electrónicos en todo el circuito de administraciones públicas y en los servicios adjudicados por concesiones, además de “avanzar hacia una plataforma única de pagos, al menos a nivel autonómico, que unifique los certificados digitales, amplíe los métodos de pago en las obligaciones tributarias al pago con tarjetas, “por su universalización y preferencia”, y generalice la “opción de pago asistido para garantizar la inclusión financiera digital de ciertos colectivos”.

El informe recoge algunas de las medidas adoptadas por otros países para combatir la economía sumergida como incentivos fiscales al consumidor en el pago de las loterías cuando lo hace de manera electrónica o digital o la rebaja de hasta dos puntos en el IVA en los pagos con tarjetas establecido en Uruguay. También pone también como ejemplo los incentivos al comercio adoptados en otros países cuando se aceptan pagos electrónicos o la obligación en Francia de que cualquier transacción con administraciones públicas sea online. El informe sugiere asimismo que se obligue a ofrecer un método de pago alternativo al efectivo dentro de los propios pliegos de concesión de ciertos servicios concesionados o licenciados como pueden ser los que se prestan en servicios deportivos, culturales, farmacias, estancos o, incluso, parkings, y fijar también la obligación de ofrecer la posibilidad de pagar con dispositivos diferentes al metálico cuando la cuantía supera los 30 euros.

Para Afi, no se entiende que el pago digitalizado tenga tan poco recorrido en España. Le llama la atención que el número de tarjetas marque máximos históricos por encima de los 87,5 millones, récord al que ha contribuido fundamentalmente el repunte de las de crédito, que superaron los 50 millones a finales de septiembre, según el Banco de España. En términos per cápita, eso supone algo más de 1,8, ligeramente por encima del promedio de la zona del euro, que estaba en 1,7, lo mismo que pasa con el número de datáfonos o terminales en punto de venta. La cobertura de terminales de pago (TPV), con unos dos millones o 37.000 por cada millón de habitantes, está también muy por encima del promedio europeo, además de contar en España con más de 50.000 cajeros automáticos o 1.133 por cada millón de ciudadanos, frente a los 836 de la UE y los 727 de la eurozona.

Estos datos revelan, que existe recorrido para que los pagos digitales crezcan, especialmente si desaparece la percepción errónea sobre uno supuestos costes que desincentivan el uso cotidiano en operaciones de bajo importe o las reticencias de algunos comercios a aceptar el pago con tarjeta. Sin embargo, apenas se realizan 119 pagos con tarjeta al año por cada español, por debajo de los 168 de promedio europeo y muy lejos de Dinamarca, Suecia o Finlandia, donde superan los 300; y apenas se efectúan operaciones con tarjetas por valor de 285 euros de media diaria en cada TPV, mientras uno instalado en Portugal recibe 679 euros y uno instalado en Reino Unido 941.

El valor de las 4.500 operaciones realizadas en España en ese mismo 2017 apenas representó además el 17% del PIB, cuando en Reino Unido alcanza el 45%, en Portugal un 36% y en Francia y Dinamarca un 25%, porque lo que prima aún es el pago en efectivo, que representa en el resto de países europeos el 83% del total de transacciones en los puntos de venta. Este último indicador sólo lo superan Chipre y Malta, según un estudio del Banco Central Europeo, y rebasa la media de la eurozona donde los pagos en efectivo eran un 73% en volumen y el 43% en valor.

Por ello, los autores del estudio abogan por un marco regulatorio que fomente los pagos digitales y destaca las “oportunidades” de esta vía dentro de las administraciones públicas.


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