Ofensiva judicial del PP contra el recorte del trasvase: Andalucía, Murcia y Alicante coordinan su estrategia
09:48
25 Enero 2023

Ofensiva judicial del PP contra el recorte del trasvase: Andalucía, Murcia y Alicante coordinan su estrategia

Acudirán al Tribunal Supremo para tratar de tumbar el plan del Ministerio que amenaza 27.000 hectáreas de regadío

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Lejos de servir para enterrar el hacha de guerra, la aprobación del recorte del trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno subirá el nivel de tensión territorial: el conflicto hídrico acabará judicializado. Y esta vez, además, en pleno año electoral. En un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica, que no ha movido ni una coma en su calendario de aplicación de los caudales ecológicos del Tajo, tal y como demanda Castilla-La Mancha. De otro, Almería, Murcia y Alicante, cuyos gobiernos ya planean una ofensiva judicial en toda regla, porque la fijación de esos niveles mínimos de agua a partir de los cuales se podrá trasvasar conllevará, en la práctica, una reducción de los recursos hídricos que llegarán vía trasvase.

El enfrentamiento territorial se solapará con el partidista, porque es el PP el que aspira a capitalizar el descontento de regantes y agricultores contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No en vano, los gobiernos autonómicos de Andalucía y Murcia, junto con la Diputación de Alicante -los tres en manos del PP-, llevan meses coordinando su estrategia jurídica. En este sentido, el objetivo es acudir al Tribunal Supremo con diferentes recursos, tal y como adelantó EL MUNDO, para tratar de paralizar un recorte que se aplicará de manera gradual desde este mismo año y hasta 2027.

Así lo confirmaron fuentes de la Diputación que preside Carlos Mazón, que ya tiene la confirmación por parte de sus servicios jurídicos de que la institución provincial está legitimada para defender los intereses de los regantes en los tribunales. Descartado casi por completo un recurso conjunto de los tres gobiernos populares, el objetivo es presentar una misma argumentación jurídica y técnica que permita sostener el mantenimiento del trasvase frente a su cuestionamiento por parte del Ministerio de Ribera. Los contactos, en este sentido, no han dejado de sucederse entre los equipos de los tres ejecutivos.

Tras la reunión ayer del Consejo de Ministros, la ministra Teresa Ribera defendió la necesidad de cumplir con la normativa europea y estatal de fijación de caudales ecológicos, así como la de anticiparse a un «escenario problemático» de falta de agua. Sin embargo, la tesis del PP es que se finiquita el trasvase «sin justificación técnica». En juego está la pérdida de 27.000 hectáreas de regadío, de 15.000 puestos de trabajo y de 6.000 millones de euros.


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