Palo del Seprona a las desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena: algunas ocultadas en zulos
15:28
24 Marzo 2021

Palo del Seprona a las desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena: algunas ocultadas en zulos

La Guardia Civil ha inspeccionado 52 fincas agrícolas y por ahora investiga a 68 personas por delitos contra el medioambiente y los recursos naturales

El ingenio de algunos agricultores de la Región para vulnerar la normativa ambiental no tiene límites: algunos son capaces de habilitar zulos en el subsuelo para ocultar desalobradoras. Es una de las prácticas fraudulentas que ha destapado la Guardia Civil durante la 'Operación Chancuatro’, encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor y que ha destapado una trama delictiva dedicada supuestamente al uso de desalobradoras en la Comarca del Campo de Cartagena.

La investigación continúa abierta y hasta el momento se investiga a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medioambiente. Los agentes han llevado a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas y han localizado 42 pozos irregulares, así como 60 plantas desalobradoras. Algunas de estas instalaciones estaban ocultas en zulos camuflados en el subsuelo. Otras estaban habilitadas en remolques, de forma que las desalobradoras podían ser transportadas hasta cualquier finca agrícola de una manera ágil.

Además, algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, mientras que otros directamente carecían del citado contador y varios no contaban con autorización administrativa.

Operación Guardia Civil en fincas agrícolas de Murcia.

La 'Operación Chancuatro' vuelve a dejar en la diana a las prácticas ilícitas que desarrollan ciertos agricultores, cuyas producciones intensivas afectan al Mar Menor. De hecho, la Benemérita en un comunicado ha subrayado que este operativo se ha desarrollado ante la sospecha de que estas prácticas se mantuviesen, a pesar de las operaciones ‘Chandos’ (63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (23 personas investigadas).

Esta investigación se inición después de que agentes del Seprona tuviesen acceso a abundante documentación sobre una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos, con sede en la Comarca del Campo de Cartagena. A raíz de esta información, comenzaron ls pesquisas en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua. Una vez analizados todos los indicios, la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo, dirigido por el SEPRONA, con la participación de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Ese operativo tuvo lugar en febrero y permitió llevar cabo la inspección de 52 fincas agrícolas. Durante las inspecciones se localizaron 42 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades y 60 plantas desalobradoras, que en algunos casos tenían la maquinaria oculta bajo tierra para evitar su localización.

Una desalobradora habilitada en una furgoneta para transportarla por fincas agrícolas.

Una desalobradora habilitada en una furgoneta para transportarla por fincas agrícolas. G. C.

Entramado delictivo

La Guardia Civil ha detallado en un comunicado que se trataba de un entramado delictivo, orquestado por la citada mercantil, puesto que 3 de sus responsables forman parte de las 68 personas investigadas. Al parecer, esos hombres ofrecían a empresarios agrícolas del Campo de Cartagena desde desalobradoras a productos para eliminar la salinidad del agua. Todo ello, con el objetivo de brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.

El supuesto 'modus operandi' para llevarlo a cabo consistía en instalarles la maquinaria a los productores agrícolas, generalmente de manera soterrada, y se encargaban del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad. Una vez depurada, el rechazo –con un alto porcentaje en sal y productos químicos– era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor. Otra vez el delicado ecosistema de la albufera ha sido maltratado.

La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura han precintado toda la maquinaria que ha centrado la investigación. También han tomado muestras de agua para su posterior análisis. Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión -por tiempo de uno a dos años-.


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