Pedro Sánchez ofrece a Pablo Casado cogobernar TVE para desbloquear el Poder Judicial
02:00
18 Febrero 2021

Pedro Sánchez ofrece a Pablo Casado cogobernar TVE para desbloquear el Poder Judicial

El PP podría tener protagonismo en el próximo consejo de administración y en la elección del futuro presidente de la cadena pública.

Pedro Sánchez ha ofrecido al Pablo Casado cogobernar la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) como primer paso para desbloquear la renovación del Poder Judicial y otros órganos institucionales.

Esta propuesta se enmarca dentro de las negociaciones que el PSOE y el PP mantienen para renovar cuanto antes varios organismos entre los que también se encuentran el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.

En esta línea, Sánchez y Casado charlaron el miércoles sobre -según Moncloa- sobre "el reforzamiento institucional que necesita España" y abordaron, entre otras cosas, la renovación de varios órganos constitucionales cuyo mandato ha expirado, "tales como el Consejo General del Poder Judicial, el defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE", así como del "voto rogado" para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

La televisión pública es precisamente es una de las prioridades de Partido Popular (PP), que quiere desbloquear en primer término la renovación del Consejo de Administración de RTVE por delante de otros pactos.

Por otro lado, PSOE está dispuesto a ceder peso en el nuevo organigrama de la cadena pública que sustituirá a Rosa María Mateo como administradora única provisional, a cambio de desbloquear completamente la parálisis de estos órganos institucionales enquistada desde hace más de dos años.

Sigue el proceso

Del mismo modo, si las negociaciones entre PSOE y PP llegan a buen puerto podría producirse un nuevo cisma en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ya que la formación del vicepresidente primero Pablo Iglesias no ha ocultado su interés de tener protagonismo en el control de RTVE.

De hecho, una 'pinza' entre PSOE y PP se convertiría de facto en una herramienta para 'desalojar' a Podemos de la televisión pública donde ha ganando mucha influencia en los últimos meses en programas estratégicos y en el interior de la Dirección de Informativos.

En estos momentos, la renovación de RTVE está tramitándose en el Congreso de los Diputados. A comienzos de mes terminó el examen de los 87 candidatos que se presentaron a presidente de la Corporación hace más de dos años. 

Hace una semana, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció que se remitiría a la comisión mixta de control a RTVE un informe sobre la idoneidad de los candidatos, previa votación en la comisión de nombramientos.

Posteriormente, la comisión de control a RTVE deberá ponerse a trabajar para, en las próximas semanas o meses, votar la lista de los seis vocales que le corresponden al Congreso (el Senado tendrá que elegir los otros cuatro y después volverá a la Cámara baja para que entre todos designen la presidencia de la corporación). 

Negociación política

Este último proceso es el que abre la puerta a la negociación parlamentaria, que cogerá el testigo del concurso público en la recta final del proceso. Ahora serán los partidos los que deberán negociar candidatos haciendo valer sus actuales mayorías parlamentarias.

La lógica indica que de los diez sillones del futuro consejo de RTVE, una buena parte debería estar reservada para PSOE y PP, los dos partidos con más diputados y senadores. No obstante, si hacemos caso al actual pacto de investidura Podemos y los partidos nacionalistas deberían tener algún protagonismo.

De acuerdo con las informaciones recopiladas por este diario, la idea del PSOE es darle al PP un protagonismo importante en cuanto a número de consejeros dentro de la nueva Corporación, lo que a su vez se traduciría en elegir un candidato de consenso y tener cabida en puestos directivos una vez que se nombre al nuevo presidente.

Así, una vez que se llegue a un acuerdo, la clave estará en buscar un candidato de consenso. En este sentido, todas las miradas se ciernen sobre Francisco Javier Montemayor, Rafael Camacho, José Manuel Pérez Tornero, Manuel Adrián Ventero y Francisco Moreno.

Estos fueron los candidatos mejor evaluados y dentro de muchos sectores políticos se considera que elegir un presidente fuera de esta lista deslegitimaría el concurso público que hace un año se quedó a medias.

Candidatos

Por otro lado, otras fuentes confirman a este diario que la lista corta de candidatos que se pondría sobre la mesa estaría conformada por Isabel Raventós, José Manuel Pérez Tornero y Francisco Moreno.

Hace dos años arrancó el concurso público cuando el comité de expertos designado realizó una valoración y un ránking con los 20 mejores puntajes de una lista de 95 candidatos admitidos. En principio, el Congreso solo iba a evaluar a esta lista corta de aspirantes, pero el proceso se retrasó por la presentación de hasta 30 recursos.

En noviembre del año pasado y tras un informe de los letrados el Congreso se acordó dar entrada a todos los aspirantes al proceso de revisión de candidaturas, lo que ha abierto la veda a que cualquiera de los 87 examinados pueda ser elegido y no necesariamente los mejor evaluados.

En cualquier caso, todo el proceso está pendiente de un recurso presentado por Miguel Ángel Sacaluga, exconsejero de RTVE a propuesta del PSOE y actual candidato a la presidencia, ante el Tribunal  Constitucional. Sacaluga considera que el proceso "no se ajusta a las normas y principios de mérito, capacidad y transparencia".

Si el Constitucional estima su recurso, el concurso podría paralizarse antes de que se elija el relevo de Mateo o podría anularse una vez que se haya nombrado un nuevo consejo de administración.

Todas las instituciones

El pacto entre el Gobierno y el PP abarcaría, además de RTVE, otras instituciones: el defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Protección de Datos.

Lo mismo que al PP le interesa sobre todo RTVE, el Gobierno tiene especial empeño en renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018. 

El actual CGPJ está controlado por una mayoría de vocales propuestos por el PP ya que se pactó en 2013, en la época de Gobierno 'popular'. El PP acepta quedar en minoría, pero ha puesto tres condiciones para la renovación: que Unidas Podemos no intervenga en la negociación, que se adopten medidas de despolitización de la Justicia y que se retire la reforma que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los vocales del Consejo que deben proceder de la carrera judicial.

Desde el Gobierno señalan que, aunque sus socios de UP no negocien, es inevitable que varios de los futuros vocales sean a propuesta suya. 


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