Sánchez conversa con el presidente del TC tras declarar inconstitucional el confinamiento
15:54
15 Julio 2021

Sánchez conversa con el presidente del TC tras declarar inconstitucional el confinamiento

La conversación se ha producido en el homenaje a las víctimas de la Covid un día después de la decisión del Alto Tribunal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la ceremonia de homenaje a las víctimas de la Covid-19 para departir con el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

La charla, que ha ocupado unos minutos previos al acto, se ha producido un día después de que el TC declarase inconstitucional el confinamiento general implementado mediante el primer estado de alarma decretado del Ejecutivo por la pandemia. Aquella decisión mantuvo a los españoles confinados en sus hogares desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de mayo del mismo año.

El Alto Tribunal argumenta en su escrito que el confinamiento de todos los ciudadanos en sus casas fue una auténtica suspensión- no una mera limitación- del derecho fundamental a la circulación.

La suspensión de este derecho fundamental hubiera podido hacerse mediante el estado de excepción pero no con el estado de alarma, que fue el instrumento legal que escogió el Ejecutivo. La votación fue muy ajustada, ya que consiguió salir adelante con seis votos a favor y cinco en contra.

La ponencia del TC supone un varapalo al Gobierno en plena remodelación del Consejo de Ministros. El interlocutor de Sánchez, González Rivas, ante la coyuntura por la que pasaba el nuevo equipo del presidente, trató de retrasar la votación sobre la inconstitucionalidad del confinamiento general, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL.

Reacción del Gobierno

El Gobierno expresó este miércoles su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional, pero mostró su "sorpresa por su carácter inédito" y se ha reafirmado en la necesidad de esa medida.

El Gobierno señaló que va a estudiar la sentencia, y tras hacerse eco de la ajustada votación, resaltó que eso da a entender el debate interno que ha suscitado el fallo, que entiende que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.

Ante la decisión del TC, el Ejecutivo se reafirmó en el real decreto que aprobó el estado de alarma porque ha considerado que era "absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma".

La ministra de Defensa y también jueza, Margarita Robles, ha considerado este jueves que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer", recordando que el mismo TC avaló el confinamiento " en una resolución del 30 de abril"."En ese momento el TC avaló que la única forma de salvar vidas era un confinamiento, una limitación extrema de los contactos. Apoya el estado de alarma y no cuestiona que pudiera ser inconstitucional", ha dicho, en entrevista a la cadena SER.

Por lo tanto, subraya, "desde el máximo respeto y acatando la decisión del TC, tengo que decir que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y que actuó con arreglo a la legislación".

Para la ministra de Defensa, el fallo del Constitucional "responde a elucubraciones doctrinales entre constitucionalistas". "Se ha visto como los magistrados estaban diodos divididos. Esto es un debate doctrinal que no afecta el hecho de que el confinamiento era imprescindible. Me duele que el TC haya entrado en ese debate y durante meses haya estado con filtraciones de los debates internos", ha expuesto. 

Multas durante el confinamiento

La decisión del Alto Tribunal conllevará la nulidad de las multas y de las condenas impuestas por saltarse el encierro, así como el archivo de los procesos sancionadores abiertos por ese motivo que aún estén tramitándose. 

No podrán ser revisados los procesos judiciales relacionados con el confinamiento domiciliario en los que haya recaído sentencia firme, ni las actuaciones administrativas firmes.

La sentencia del TC tampoco será suficiente, por sí sola, para presentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado legislador ya que, en un caso extremo como el de la pandemia de la Covid-19, los ciudadanos tienen el deber de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido.

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