Sánchez empujó a ERC a enmendar la malversación ya para eliminar ''ruido'' en periodo electoral
14:00
8 Diciembre 2022

Sánchez empujó a ERC a enmendar la malversación ya para eliminar ''ruido'' en periodo electoral

Los republicanos presentan la enmienda «para que no se persiga a independentistas»

Política Sánchez ya acepta reformar el 'sólo sí es sí' y la Ley Trans mientras prepara un cheque en blanco a ERC con la malversación Reforma ERC confirma que presentará enmiendas para modificar la malversación y que "no se persiga a independentistas"

ERC confirmó este miércoles el guion sobre la malversación adelantado por Pedro Sánchez en los festejos oficiales de la Constitución. Los republicanos presentarán este viernes en el Congreso la enmienda -no se precisó el contenido- para reformar ese delito dentro de la modificación del Código Penal para derogar la sedición. Una nueva exigencia independentista puesta sobre la mesa de negociación bilateral que asume el Gobierno.

Pese al malestar que genera en el PSOE, incluso las dudas que suscita entre los socios de gobernabilidad, el presidente del Gobierno acelera la agenda legislativa más polémica para despejar el horizonte, antes de fin de año, de los asuntos que pueden generar desgaste.

Así, confían en La Moncloa, pueden iniciar 2023 cabalgado sobre buenas perspectivas: contención de la inflación, subida moderada del PIB, incremento del SMI y prórroga de medidas sociales anticrisis -batería para frenar precios de los alimentos, como elemento novedoso-. Y para eso Sánchez quiere quitar del camino piedras, como la malversación, que puedan provocar tropiezos o «ruido» para iniciar el nuevo año ya en modo electoral.

Moncloa precipita así sus compromisos de «desjudicialización» con ERC. La negociación se armó tras la crisis del caso Pegasus, el espionaje por parte del Estado a líderes independentistas. Aunque el Ejecutivo negaba negociación alguna, ésta ha sido permanente, un «trabajo fino» de meses, dicen fuentes gubernamentales. «Ser discretos» era la máxima que siempre defendió ERC en este asunto, de ahí que sorprendieran las alas que públicamente siempre ha dejado, de manera premeditada y estudiada, Pedro Sánchez.

El proceso que se finiquitará ahora tomó velocidad con la reunión de la mesa de diálogo del 27 de julio, tras la que quedó plasmado que debía haber «avances», «se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos». Es decir, la reforma de los delitos como el de sedición o la malversación.

"Difícil de explicar"

En La Moncloa tenían claro que la derogación de la sedición era un propósito que podían liderar, amparándose en la «europeización» del delito, la «homogenización» con otros países. Pero la reforma de la malversación era más delicado: cargos y líderes del PSOE la ven «difícil de explicar». Por eso, aunque ERC pretendía que Moncloa impulsara ambas reformas, desde el Ejecutivo se supeditó la malversación a que fuera una iniciativa parlamentaria de ERC. Un pretexto para el Gobierno. Los independentistas exigieron garantías de que saldría adelante, que no quedarían expuestos y abandonados. Uno presentaba, otro garantizaba, siempre que fuera acotada, los apoyos.

El escenario propicio para el Gobierno pasaba por que la iniciativa contara con el aval de otras fuerzas del bloque de gobernabilidad. Pero ese plan se truncó. EH Bildu, PNV, Más País, Compromís... mostraron sus dudas públicas sobre la reforma. También Unidas Podemos es reacia, pues está en juego su discurso contra la corrupción. Este freno congeló unos días la iniciativa, hasta el punto que los secesionistas pensaron aprobar la sedición y dejar la reforma de la malversación para otra iniciativa con entidad propia para más adelante. Pero la maquinaria ya estaba activada en La Moncloa, inmersa en los trabajos y estudios para saber cómo abordar una reforma perimetrada, acotada, que no provocara una barra libre de recursos de casos sonoros de corrupción en España.

Como prueba de que todo estaba lanzado, ministros del PSOE están inmersos en un proceso de pedagogía desde hace días para minimizar el desgaste, insistiendo en que no habrá «ningún beneficio para aquellas personas condenadas por corrupción»; que «no va haber ningún retroceso» en la lucha contra la corrupción. Ello obedece al temor en el partido a perder la bandera de la lucha contra la corrupción que legitimó la moción de censura contra Rajoy.

Las palabras de Sánchez en la celebración de la Constitución, empujando a ERC a presentar la enmienda, permiten consumar el proceso, a falta de conocer como se armará jurídicamente. Se espera que rectifique las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy en 2015, como respuesta, en parte, a la consulta soberanista de 2014. Aquella reforma amplió el tipo delictivo para englobar conductas propias de la apropiación indebida y la administración desleal. Hasta ese momento, la malversación exigía que el dinero público malversado tuviera como fin el lucro propio o el de terceros. A ese punto se volvería: la penas graves se reservarían a casos de lucro personal. No fue el caso de los líderes del procés, pero tampoco de José Griñán, cuya situación, condenado y a la espera de indulto, es otra polémica añadida.

Es seguro que se beneficiarán al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de juzgados por el Supremo. A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por el 1-O.

Aunque la reforma se ha intentado alejar lo máximo de las elecciones locales y autonómicas de mayo, las primeras de un año que se cerrará con generales, el malestar es sonoro entre los barones sociales, en silencio ayer. Ninguno de los nueve al frente de ejecutivos se pronunció este miércoles sobre la reforma del delito de malversación, ni siquiera Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), muy críticos con la derogación de la sedición. Los que manifestaron su oposición fueron los líderes en Madrid y Castilla y León.

Según Juan Lobato, a «los corruptos» no se les puede aplicar «ni un día menos de prisión, ni a los corruptos del PP de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes», mientras que Luis Tudanca aseguró que no le «gusta» la posibilidad de que se rebajen las penas. También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos intentaron apartarse de la reforma de la malversación. La formación morada considera que es una materia «delicada».


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