Sánchez vincula su futuro político a la alianza con PNV, ERC, Bildu
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25 Noviembre 2022

Sánchez vincula su futuro político a la alianza con PNV, ERC, Bildu

Consigue la aprobación de sus Presupuestos para 2023 y exhibe su alianza de futuro. Las cesiones clave han sido la sedición, el Cupo vasco, el traspaso de Tráfico a Navarra y el impuesto a los ricos

Política El Congreso aprueba los Presupuestos y da un impulso decisivo a Sánchez para agotar la legislatura Editorial Bildu y PSOE: convivencia de largo recorrido

«Estabilidad» y «política útil». Con estas palabras resumió ayer Pedro Sánchez el significado de la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Diez formaciones políticas -PSOE, UP, PNV, Coalición Canaria, PRC, Más País, Compromís, PDeCAT, ERC y EH Bildu- más una diputada del Grupo Mixto, que representan un total de 188 votos, apostaron por las cuentas públicas entregando al presidente del Gobierno un auténtico visado para agotar la legislatura. Con estos Presupuestos en la mano, extraordinariamente desahogados en gasto, Sánchez afronta la recta final de su mandato y estrena un año electoral con el apoyo clave de independentistas, nacionalistas y abertzales -ERC, PNV y EH Bildu- que ya se han consolidado como sus socios principales contra el PP de Alberto Núñez Feijóo dentro del variopinto abanico de fuerzas que orbitan alrededor del Ejecutivo.

Estos tres grupos, que suman un total de 24 votos, han sido los imprescindibles para que el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos pueda recorrer el camino hasta las próximas elecciones generales con desahogo. Ellos han sido los que han conseguido las concesiones fundamentales que han permitido ver la luz a las cuentas del Estado. Sánchez dependía de ellos y satisfacerlos ha sido una prioridad. La constatación de esta dependencia quedó plasmada ayer, negro sobre blanco, con las palabras del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para quien es evidente que no habría «Gobierno de progreso en el Estado» sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren «marcharse» de España.

Los acuerdos alcanzados con PNV, Bildu y ERC han superado el marco de los Presupuestos y se han adentrado en terrenos que abarcan desde el Código Penal a la fiscalidad o al traspaso de competencias. El primero en alcanzar un acuerdo con el Gobierno fue el PNV, que se garantizó el blindaje del Cupo hasta 2027 en condiciones inmejorables que incluían además un margen de déficit mayor que el permitido al resto de las autonomías. Después, en la negociación de enmiendas, el nacionalismo vasco se aseguró un paquete de compromisos variados de hasta 80 millones de euros.

Pacto con Bildu

Tras el acuerdo con el PNV, llegó el pacto con EH Bildu. Los abertzales han obtenido el visto bueno a una vieja reclamación: el traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la comunidad foral de Navarra, lo que implica vaciar de esta labor a la Guardia Civil. Más de 200 agentes del Instituto Armado que patrullaban las carreteras navarras tendrán que abandonar el territorio navarro.

Se trata de una concesión que el Gobierno justifica como un ejemplo más de cumplimiento del Estatuto de autonomía y, en consecuencia, de la Constitución, pero lo cierto es que en todo el periodo de Sánchez en La Moncloa nunca hasta ahora el Gobierno había sentido la necesidad de traspasar esta competencia.

Sin embargo, la cesión más importante que ha hecho Sánchez ha sido la de promover con trámite de urgencia la derogación del delito de sedición sustituyéndolo por una nueva figura de desórdenes públicos agravados.

Tanto el PSOE como ERC han insistido en que esta cuestión no formaba parte de la negociación de Presupuestos pero, a la postre, ha sido decisiva para que Esquerra respalde las cuentas olvidando recelos iniciales sobre el incremento de gasto en Defensa, la partida destinada a la Casa del Rey o la bajísima ejecución de las inversiones comprometidas con Cataluña. Los republicanos independentistas, en el trámite de negociación de enmiendas, han logrado además sacar adelante demandas extra para su comunidad por valor de 1.050 millones.

Freno en la revisión de la malversación

ERC intentó también ampliar el efecto de la derogación del delito de sedición, que exclusivamente beneficia a quienes en 2017 delinquieron contra el Estado, con una revisión del delito de malversación. Esta demanda de momento ha quedado varada porque el PSOE no encuentra el modo de justificar una reforma que acabaría minando los principios fundamentales de la lucha contra la corrupción.

Además, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha llegado acompañada de la decisión del Gobierno de incluir vía enmienda en la proposición de ley que contempla un gravamen extraordinario y en principio temporal para la banca y las compañías energéticas, la creación de un nuevo impuesto que afectará a las fortunas a partir de un límite de riqueza de tres millones de euros. Esta era una reclamación fundamental de Unidas Podemos, EH Bildu y las pequeñas formaciones de izquierda que habitualmente respaldan al Gobierno.

Los Presupuestos para 2023 pasan ahora al Senado, una Cámara en la que no encontrarán obstáculos, y estarán listos para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Se trata de unas cuentas públicas definidas por el Gobierno como «las más sociales de la historia». Es este un dibujo que han hecho de sus Presupuestos todos los gobiernos de la democracia. En esta ocasión, el gasto se dispara -274.445 millones- para incluir la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el pago de la deuda pública, además de contemplar aumentos en prácticamente todas las partidas con alguna excepción llamativa como la que afecta a la Casa del Rey que permanece congelada.


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