Temor en el PSOE al efecto electoral de la reforma de la sedición: munición para el PP fuera de Cataluña
03:12
25 Octubre 2022

Temor en el PSOE al efecto electoral de la reforma de la sedición: munición para el PP fuera de Cataluña

La penas previstas tendrían que bajar de 13 a 2 años para que supusieran que Puigdemont quedara en libertad si volviera a España.

A las puertas de un periodo electoral, cualquier movimiento o decisión política tiene un efecto multiplicador y genera temores entre quienes deben presentarse inmediatamente a elecciones. Por ejemplo, genera inquietud en el Gobierno y en el PSOE y, especialmente, entre candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, la reforma del Código Penal para aligerar las penas de los delitos de rebelión y sedición.

Fuentes socialistas explican que abrir ese debate ahora da munición electoral al PP fuera de Cataluña, precisamente cuando el foco político está en este momento en otro lugar. Tanto que algunos candidatos del PSOE en las elecciones locales ponen en duda que, finalmente, se aborde esa reforma y se tramite en el Congreso y el Senado.

Supondría, según explican, meter en la agenda los beneficios penales para quienes intervinieron en el procés independentista de 2017. Ya protagonizó esa agenda la concesión de los indultos que, según estas fuentes, desgastó al Gobierno de Pedro Sánchez fuera de Cataluña.

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Ahora sería insistir de nuevo en este asunto. De hecho, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, terminó antes de julio de 2021 un borrador de proyecto de ley sobre la rebelión y la sedición que fue guardado en un cajón por inconveniencia política y orden del presidente del Gobierno.

El Gobierno, encabezado por el propio Pedro Sánchez, ha admitido ahora que negociarán con ERC esta reforma, con la intención de presentarla antes de final de año en el Congreso. ERC hasta ahora sólo aceptaba suprimir el delito de sedición y ahora sí está dispuesto a negociar una rebaja de condenas.

Con ese pacto, tendrían apoyo suficiente del Congreso y el Senado, pero el calendario no les beneficia. Podría ser tramitada la reforma como proyecto de ley del Gobierno o como proposición de ley de los grupos para agilizar su aprobación.

Si fuera como proyecto de ley del Gobierno sería necesario pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, lo que supondría que antes de febrero no iniciaría la tramitación parlamentaria, para concluirla en primavera, precisamente, en plena precampaña o campaña electoral de las municipales y autonómicas.

Efecto en la campaña

Si es proposición de ley de grupo parlamentario el proceso sería más rápido, aunque ya es discutible que una reforma de esta envergadura, negociada y elaborada por el Gobierno se haga por esta vía. Pero en este caso tampoco estaría en vigor antes de febrero o marzo, salvo que se tramite con urgencia y se tomen medidas como habilitar el mes de enero. También en ese caso tendría efecto en la campaña de las municipales y autonómicas.

Hay otra alternativa mucho más discutible, que sería usar una ley orgánica en trámite para incluirlo como enmienda. Esta vía siempre genera protestas, pero ha sido utilizada en casos extremos por todos los gobiernos.

Además de todo eso, hay otro factor que hace cuestionable que se apruebe finalmente: la falta de efectos prácticos para los fugados del procés, encabezados por Carles Puigdemont. Aunque se aprobara esa reforma sería muy difícil que el ex president pudiera quedar en libertad provisional si volviera a España.

El diario El País aseguraba ayer que el Gobierno quiere reducir a la mitad la pena por sedición, bajando de 13 a 6 años. Aún en ese caso, es muy remota la posibilidad de que el Tribunal Supremo no mantuviera en prisión preventiva a los condenados, sobre todo, porque ya han acreditado que hay riesgo de fuga.

Además, las condenas del procés eran por sedición en concurso con malversación, y eso hace que las penas sean mucho más altas.

Tampoco les afectaría la reducción del plazo de prescripción que lleva aparejada la reducción de la condena, porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena interrumpió en varias ocasiones esos plazos con diferentes decisiones.

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