Todas las medidas del decreto anticrisis: otros 9.000 millones ante la impotencia para frenar la inflación
11:40
26 Junio 2022

Todas las medidas del decreto anticrisis: otros 9.000 millones ante la impotencia para frenar la inflación

Sánchez se pliega ahora a medidas progresivas auspiciadas por Podemos como el cheque a colectivos vulnerables y el impuesto a los beneficios extraordinarios, que llegará en 2023

Pedro Sánchez ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este sábado un "esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario", más de 9.000 millones de euros entre los 5.500 millones de protección a los hogares y 3.600 millones de reducción de impuestos, un nuevo paquete destinado, a la lucha contra la inflación. Si se tienen en cuenta los dos decretos relacionados con la guerra, se abarcan 15.000 millones de euros, "más de un punto del PIB" tal y como ha recordado Sánchez.

El alza de los precios, con un IPC del 8,7% interanual en mayo, se ha convertido en un inesperado elemento de oposición que no se acaba de contener desde el Ejecutivo. El presidente del Gobierno asegura que, de no ser por sus medidas, la inflación actual sería 3,5 puntos mayor, una estimación superior incluso a las últimas aportadas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

"El problema de la inflación sigue afectando a las familias, a las empresas, a las industrias", ha dicho Sánchez al inicio de su intervención. El tope al gas diseñado con Portugal y aprobado en Bruselas no está conteniendo la factura de la luz en la proporción que esperaba el Gobierno (apenas la tercera parte de la horquilla que va del 15% y el 20% garantizada por el Ejecutivo) y el descuento al carburante del que disfrutan todos los conductores ya parece quedarse corto a algunos colectivos más expuestos, como por ejemplo los camioneros que se reúnen este domingo para barajar si reemprenden los parones.

Además, el Gobierno está "diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", como propugna Unidas Podemos. Yolanda Díaz ha pedido "una contribución extra" para las compañías eléctricas y petroleras con un incremento de "10 puntos" en el tipo de sociedades "para recaudar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros", según manifestó la vicepresidenta segunda en su cuenta de Twitter. De momento, el impuesto no existe y no se sabe cómo se articulará, pero de una forma u otra estará vigente el próximo año, ha garantizado Sánchez. De hecho, aunque el impuesto será exigible desde el 1 de enero de 2023, afectará a los beneficios cosechados en este 2022, como ya publicó EL MUNDO.

Ante las críticas de la titular de Trabajo a los "beneficios desorbitados a costa de la gente" que estarían obteniendo las compañías energéticas, Sánchez ya recalcó este jueves en el Consejo Europeo de Bruselas que buscaría "rebajas fiscales selectivas, ayudas específicas a sectores afectados, como el transporte y la actividad primaria".

Desde el departamento de Hacienda se ha hecho un examen exprés de las posibilidades de ese nuevo tajo a las empresas energéticas, que desde el pasado septiembre ya tienen minorados sus beneficios extraordinarios en contratos incorporados o renovados. En el departamento de María Jesús Montero aceptaban el cambio fiscal, pero vienen descartando cualquier precipitación al temer que una grieta en la normativa dé lugar a que las empresas afectadas lleven la medida a los tribunales. Finalmente, el presidente ha anunciado que habrá una proposición de ley para que entre en vigor este nuevo gravamen el 1 de enero de 2023. "Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia", ha sentenciado el presidente. Es decir, se respetarán los tiempos pedidos por Montero pero se compromete la solicitud de Díaz.

Entre esas "rebajas fiscales selectivas" por las que aboga Sánchez no parece tener encaje la bajada de IVA en la electricidad del 10% al 5%, que afectará a los consumidores con cualquier tipo de renta, alta o baja, y que el presidente ha puesto definitivamente sobre la mesa este sábado. De hecho, en Unidas Podemos y en buena parte del PSOE, no despierta especiales simpatías esta reducción impositiva que ya fue propuesta desde el PP por Alberto Núñez Feijóo.

"Estamos rebajando un 80% los impuestos vinculados a la factura de la luz", ha dicho Sánchez. La reducción del IVA del 10% al 5% debería suponer un ahorro de 220 millones de euros cada trimestre para la ciudadanía, y, también según los cálculos del Ejecutivo, el ahorro desde el 21% de IVA inicial llegaría a los 600 millones cada trimestre. La rebaja fiscal en la luz alcanzaría los 1.800 millones trimestrales si se contabilizan la aún vigente rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (en el mínimo permitido del 0,5%) y la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (que era del 7%).

Tampoco hay voluntades "selectivas" en el descuento de 20 céntimos al carburante, sobre el que el Gobierno ha venido manteniendo la dificultad para hacer el "sesgo de renta" que demanda Díaz en las gasolineras. La Comisión Europea, el FMI, el BCE, el Banco de España y el CES se han pronunciado en la línea de Díaz, si bien otros países como Francia, que fue uno de los modelos para el Ejecutivo de Sánchez, aplicaron estas ayudas de una manera similar a la española. En repetidas ocasiones el Ejecutivo ha afirmado que necesitaba una manera "ágil" para conceder el descuento, pero éste se aplica desde abril y no parece que vaya a quedar reconfigurado para centrarse en las clases menos pudientes. Prolongar este descuento desde julio hasta final de año conlleva un impacto de en torno a 4.000 millones de euros.

Ya el jueves, el presidente adelantó que la prórroga al decreto anticrisis por la guerra en Ucrania se extendería hasta final de año, un plazo más largo que intenta adaptarse a la prolongación del conflicto y a las pocas halagüeñas derivadas económicas: la inflación se contagia sin remedio (la subyacente que excluye electricidad y alimentos llegó al 4,9% interanual en mayo) y el crecimiento se ralentiza (0,2% de incremento de PIB en el primer trimestre del año frente al 0,3% esperado), con el consiguiente riesgo de estanflación que deja en una difícil tesitura a los bancos centrales. El BCE ya ha tenido que subir los tipos de interés para tratar de contener la escalada de precios, si bien al mismo tiempo ha garantizado la reinversión flexible de bonos habilitados en pandemia para poder cubrir así a países endeudados que generen poca confianza inversora. Ahí se encuentran los del sur, como Italia y, por supuesto, España.

Todas las medidas

Las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas aumentan un 15%, o sea 60 euros más cada mes o 360 euros hasta final de año.Hay otra ayuda directa para trabajadores, autónomos y parados con ingresos escasos, 200 euros finalmente a solicitar desde julio y para ciudadanos con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Desde el lado morado de la Coalición de Gobierno se había planteado una ayuda mayor, de hasta 300 euros.Para limitar el consumo energético, todos los abonos mensuales de transporte estatal, como es el caso de Cercanías de Renfe, se reducirán al 50%, y un 30% los que dependen de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que podrían ampliar esas rebajas al 50% pero ya sin la subvención del Estado.Por contra, se protege el uso de la bombona de butano (asociada a rentas bajas), que al igual que ocurrió durante la pandemia tendrá su precio máximo congelado en 19,55 euros hasta final de año.Se mantiene el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 15% decretado en el anterior paquete anticrisis.Se oficializa la rebaja del IVA en la electricidad al 5% desde el 10% actual (previamente a esta crisis estaba normalizado en el 21%).Prosiguen los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente, durante todo el año.Continúa suspendido el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y en el mínimo permitido del 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad.Continúa en marcha el tope a los precios del alquiler, que en viviendas habituales actualmente no pueden experimentar subidas superiores al 2%.Queda prorrogado a septiembre el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social para integrantes del sector pesquero, agrario y del transporte.Habrá ayudas a la industria gasintensiva.Se prorrogan las ayudas a la sequía, extendidas a los afectados en La Palma por la erupción del volcán Cumbre vieja.El IVA reducido al 4% para las mascarillas quirúrgicas igualmente se prolonga.

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