Trump, imputado por segunda vez mientras los republicanos cierran filas con él
18:02
9 Junio 2023

Trump, imputado por segunda vez mientras los republicanos cierran filas con él

El Departamento de Justicia de EEUU notificó al republicano que estaba siendo investigado por haberse quedado papeles clasificados tras dejar la Casa Blanca

EEUU El caso Stormy Daniels, el asalto al Capitolio... Las otras investigaciones a las que se enfrenta Donald Trump EEUU Una grabación de Trump sugiere que sabía que estaba violando la ley al llevarse documentos secretos de la Casa Blanca EEUU Trump, imputado por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels

El Departamento de Justicia de EEUU notificó a Donald Trump que estaba siendo investigado por haberse llevado papeles clasificados tras dejar la Casa Blanca

Donald Trump sabe que la Justicia va por un lado y la política por otro. A veces las dos se cruzan. Pero en otras ocasiones siguen caminos divergentes. Él es especialista en conseguir lo segundo. A medida que sus problemas legales se agravan, su popularidad entre los votantes de su partido sube. Ahora, la imputación de Donald Trump por el Estado federal por la sustracción de casi un centenar de documentos confidenciales -algunos de ellos, secretos de Estado- cuando tuvo que dejar la Casa Blanca en enero de 2021 podría convertirse en un nuevo espaldarazo para sus aspiraciones presidenciales.

Al menos, eso es lo que sugiere la experiencia del éxito que supuso para el ex presiente su encausamiento en Nueva York hace tres meses por 34 cargos de falsedad documental e intento de comisión de delito en el caso de los pagos ilegales a la actriz pornográfica Stormy Daniels -y posiblemente también a la modelo erótica Karen McDougal- en 2016.

Y ahora todo parece indicar que el ex presidente está dispuesto a repetir la jugada. Cuando los abogados de Trump recibieron la notificación de que el presidente sería imputado formalmente el martes a las 3 de la tarde en un juzgado de Miami, Trump estaba en su club de campo de Bedminster, en New Jersey, a las afueras de Nueva York, reunido con sus asesores políticos. Inmediatamente, anunció la noticia a través de su red social, Truth (Verdad). En media hora, había grabado un vídeo declarando a Estados Unidos "nación en decadencia" y acusando de "interferencia electoral" del Departamento Justicia contra el que a día de hoy es, de lejos, el principal rival de Joe Biden en las elecciones de 2024. En cuarenta minutos, su equipo estaba lanzando a sus seguidores un email masivo con el Asunto "Estamos viendo con nuestros propios ojos a nuestra República MORIR".

Inyección de popularidad

Trump sabe que esta imputación es una inyección de popularidad para su campaña. En la primera, obtuvo 14 millones de dólares (11 millones de euros), una cifra considerable en un momento en el que las donaciones online están dando signos de agotamiento debido a su uso masivo por las campañas electorales que hace que los ciudadanos tengan los buzones de entrada de sus correos electrónicos saturados de políticos pidiéndoles dinero. Pero, a la hora de concitar simpatías, un procesamiento de un ex presidente -y más por un delito federal, lo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos- es algo muy diferente de un aspirante a la Cámara de Representantes por Arizona.

Los cargos contra Trump podrían ser serios. El Estado federal - el equivalente del Estado central en España, aunque con muchas diferencias - le ha acusado de delitos relativos a la sustracción de secretos de Estado -incluyendo documentos relativos a la defensa nuclear de al menos un país aliado y a la vida privada del presidente francés Emmanuel Macron- que se llevó al dejar la Casa Blanca tras su derrota electoral de 2020. Según el diario británico The Guardian, Trump habría alardeado de "saberlo todo de la vida sexual de Macron" y, de acuerdo con información filtrada por el fiscal especial del caso, el ex presiente también ha compartido planes secretos que se llevó de la Casa Blanca de ataques militares de EEUU a las instalaciones nucleares de Irán.

La imputación ha sido realizada por un gran jurado, lo que, en teoría, hace más difícil la absolución de Trump. Pero el juicio parece destinado a celebrarse en Miami, donde el presidente goza de una enorme popularidad y, además, las teorías conspiratorias pro-Trump, como QAnon son muy populares. Si alguien sale perdiendo políticamente es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que va a asistir a una verdadera explosión de fervor pro-Trump -contra el que compite en las primarias republicanas- en su propio estado. DeSantis ha criticado la imputación, al igual que la práctica totalidad del Partido Republicano, acusándola de estar motivada políticamente para eliminar al más que probable candidato republicano en 2024. Porque la popularidad de Trump es tal que ni siquiera sus enemigos más duros en el partido se atreven a criticarle.

En total, Trump se hizo con un centenar de documentos secretos como mínimo, que luego rehusó entregar a los Archivos Nacionales y a otros organismos competentes durante más de medio año, a pesar de las insistentes demandas de éstos. Finalmente, el FBI - el equivalente de la policía nacional en EEUU, un país donde el orden público depende de las Administraciones locales - entró en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el 8 de agosto del año pasado, y recuperó once cajas con documentos secretos, aunque persisten los rumores acerca de si Trump no mantiene más en su poder. La investigación, así pues, ha durado diez meses.

Trump ha sido quien ha dicho que sus abogados le han informado de la imputación, y que tiene una cita en un juzgado de Miami el martes a las 3 de la tarde hora local (9 de la noche de España), en la que presumiblemente le serán leídos los cargos en su contra. Porque, por el momento, no se sabe de lo que el ex presidente es acusado, aunque, según fuentes cercanas a él, entre los cargos están falso testimonio y obstrucción a la justicia. Esas mismas fuentes señalan que en total hay siete cargos contra el ex presidente y principal candidato republicano para las elecciones de 2024.

Trump ha recibido otra buena noticia: la jueza encargada del caso es Aileen Cannon, una conservadora nombrada por Trump. En los inicios de la investigación, después del registro de Mar-a-Lago, Cannon trató de eternizar el caso a la hora de determinar qué documentos eran secretos y qué documentos no, en conformidad con la estrategia legal de Trump, que siempre se basa en dilatar los procedimientos judiciales. En aquella ocasión, el Departamento de Justicia recurrió con éxito sus decisiones. Ahora, la vuelta de Cannon al caso augura más controversias y es, en principio, una victoria para el equipo legal de Trump.

Son muchos menos que en el caso de Nueva York - motivado esencialmente por su presunta decisión de ofrecer dinero a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo erótica Karen McDougal para que mantuvieran en silencio sus relaciones sexuales con él cuando estaba compitiendo contra Hillary Clinton por la presidencia - , pero, en principio, de mucho más peso. La razón es que en esta ocasión no se ve afectada la regulación de las elecciones, como en el otro caso, sino el sistema judicial y, tal vez, incluso la Ley de espionaje, dado que Trump podría haber compartido los documentos con otras personas.

A ello se suma el hecho de que ahora no es un estado (Nueva York), sino el Estado federal, cuyo responsable último es el fiscal general (cargo equivalente al de ministro de Justicia en España) Merrick Garland, nombrado por Joe Biden y ratificado por el Senado. Eso ha dado alas al ex presidente y a sus seguidores para acusar a toda la investigación de estar motivada políticamente, dado que a día de hoy Donald Trump es, de lejos, el candidato republicano con más probabilidades de enfrentarse a Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024. En todo caso, Trump - o cualquier ciudadano estadounidense - puede hacer campaña estando imputado, siendo sometido a juicio y en la cárcel. Es más: si es necesario, de acuerdo con la ley de ese país, Donald Trump puede ejercer la presidencia desde la cárcel. Por de pronto, la nueva imputación no tiene por que impactar negativamente en sus perspectivas electorales. Antes al contrario. Tras ser acusado formalmente en Manhattan, su popularidad y los donativos de sus seguidores a su campaña se dispararon.

Caso políticamente complicado

El caso de los documentos secretos que Trump se llevó de la Casa Blanca ha sido políticamente complicado. En el periodo que va de octubre a enero pasados, entre 25 y 30 documentos también secretos fueron encontrados en la residencia de Joe Biden en el estado de Delaware además de en una de las oficinas que ocupó después de dejar la Casa Blanca en 2017. Al igual que en el caso de Trump, Garland abrió una investigación, para la que nombró un fiscal especial, Robert K. Hur.

Las pesquisas de Hur continúan. No así las del Departamento de Justicia contra el ex vicepresidente de Estados Unidos con Donald Trump, Mike Pence, en cuyo poder también se encontraron varios documentos confidenciales. Hace justo una semana, el Departamento de Justicia cerró la investigación sobre la base de que no había habido negligencia ni intención de cometer un delito por parte de Pence, que apenas seis días después lanzó su campaña para las elecciones de 2024 por el Partido Republicano, en la que compite contra Trump. En la Historia de Estados Unidos, nunca un vicepresidente y un presidente que habían servido en la misma Administración se habían enfrentado en unos comicios hasta ahora. Según Trump, la decisión de sobreseer la causa contra Pence obedeció al interés de algunos grupos políticos de dejar a su rival presentarse a las elecciones, pese a que el ex vicepresidente no tiene ninguna posibilidad de ganar.

La gran diferencia entre Biden y Pence, por una parte, y Trump, por otra, es que los dos primeros informaron ellos al Departamento de Justicia de la aparición de los documentos - pese a que en el caso del actual presidente algunos llevaban más de trece años en su poder - mientras que Trump no solo no lo hizo, sino que entregó una parte - 256 documentos - pero se guardó otra - 84 informes - cuando el Departamento de Justicia se lo exigió. El ex presidente republicano también podría haber enseñado algunos de esos informes a sus amigos, e incluso haber tratado de negociar su entrega al Estado de EEUU a cambio de contrapartidas que no han sido especificadas. De ahí proceden las virtualmente seguras imputaciones por obstrucción a la justicia y falso testimonio. Otra cosa es cómo haya decidido el fiscal especial designado por Garland para investigar el caso, John Smith, enfocar el hecho de que el ex presidente, ya como ciudadano privado, se llevó los documentos. La principal tesis de Trump es que él, en su calidad de ex presidente, tiene, solo con el poder de su mente, y sin que sea necesario escribirlo o, tan siquiera, decirlo, la facultad para decidir lo que es secreto y lo que no.

Smith también dirige la investigación sobre Trump por el asalto al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021, en un intento de evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. Finalmente, Trump está también siendo investigado por el tribunal del estado de Georgia por intento de fraude electoral, para robar la victoria en ese estado del demócrata Joe Biden.

Trump acusó anoche (madrugada de hoy en España) al Departamento de Justicia de llevar a cabo "interferencia electoral", dado que él es, de lejos, el principal candidato a obtener la nominación republicana en las elecciones de 2024 y, por tanto, en convertirse en el rival de Joe Biden. El hecho de que esta investigación sea llevada a cabo por el Estado federal, bajo un Gobierno demócrata, da munición retórica al ex presidente a la hora de ver motivación política. El proceso de Nueva York está siendo llevado a cabo en un estado tradicionalmente demócrata, mientras que la investigación de Georgia es en un territorio republicano

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