Un juzgado certifica que 748 'riders' de Deliveroo actuaban como falsos autónomos
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13 Enero 2021

Un juzgado certifica que 748 'riders' de Deliveroo actuaban como falsos autónomos

Avala la actuación de Inspección de Trabajo que pidió a la empresa 1,3 millones de euros en cotizaciones no abonadas

Tribunales. El rider que venció a Glovo en el Supremo: "Te venden una autonomía ficticia"

"Si el repartidor no atendía pedidos o no los realizaba correctamente, recibía una penalización, traducida en menos pedidos". Este es uno de los argumentos esgrimidos por el Juzgado Social número 24 de Barcelona para concluir que 748 repartidores de Deliveroo actuaron como falsos autónomos, por lo que avala la acción de la Inspección de Trabajo que reclama a la firma desde 2018 1,3 millones de euros para abonar cotizaciones sociales de los empleados.

La sentencia recuerda el fallo reciente del Tribunal Supremo sobre esta modalidad laboral, en referencia a Glovo, y remarca que la autonomía del repartidor es mínima y que la empresa ejerce, entre otras cosas, su poder disciplinario. "La libertad del repartidor para no estar disponible no es tan amplia como se quiere aparentar, pues en caso de rechazar los pedidos no se le garantizarán pedidos mínimos e, incluso, se puede prescindir de sus servicios", señala el juzgado que destaca "la importante organización estructural necesaria para la actividad".

Además, recuerda que el 'rider' recibe una retribución periódica, un "salario por unidad de obra", que es admisible en las relaciones laborales, y que la empresa hacía un seguimiento a través de la plataforma de la actividad de los repartidores. Gracias a estos datos se hacía una valoración de fiabilidad. "Si la valoración del repartidor era deficiente, se le concedía un preaviso de 30 días durante el cual se observaba si modificaba su conducta" señala la sentencia y detalla que la empresa "podía dar de baja al repartidor en la aplicación informática y finalizar la su colaboración con él ". De esta forma el juzgado cree que existe "sujeción a órdenes o instrucciones empresariales" entre los riders y la empresa.

En su momento, Inspección de Trabajo actuó a instancia de la denuncia interpuesta por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la asociación RidersxDerechos con el asesoramiento de Col·lectiu Ronda. El acta levantada en Barcelona fue la primera que cuestionaba el modelo laboral de la economía de plataforma concluyendo que en la relación de los repartidores con sus empresas se podían apreciar todas las notas definidoras de una relación laboral por cuenta ajena.


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