Valencia repartirá 1,2 M en sobresueldos irregulares a ediles de todos los partidos y ninguno lo denuncia
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25 Septiembre 2021

Valencia repartirá 1,2 M en sobresueldos irregulares a ediles de todos los partidos y ninguno lo denuncia

Compromís, PSOE y Podemos cobraron 772.000 € el pasado mandato contra el criterio de Antifraude. PP, Cs y Vox ingresarán ahora 396.000 €.

Los sobresueldos irregulares del Ayuntamiento de Joan Ribó -a juicio de la Agencia Valenciana Antifraude- rozarán los 1,2 millones cuando acabe la actual legislatura en 2023. Se reparten desde 2015 para complementar el sueldo de los 8 concejales con dedicación parcial de la corporación local. Hasta 2019 los cobraron ediles del equipo de Gobierno por más de 772.000 euros, y en el presente mandato brindarán casi 396.000 a la oposición. Tal vez por ello ninguno de los 6 partidos beneficiarios (antes Compromís, PSOE y Podemos y ahora PP, Cs y Vox) los han llevado ante la Justicia pese a que vulneran la 'Ley Montoro', según el organismo fiscalizador.

Este viernes, tras la junta de Gobierno local, el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuan (PSPV-PSOE), expusieron de nuevo que no devolverán el dinero ni acatarán las recomendaciones de Antifraude "hasta la próxima legislatura". El primero reconoció que se cometió "una irregularidad" en 2015. El segundo admitió que la oposición está cobrando ahora "más de lo que le corresponde" desde 2019. Pero consideró tal circunstancia "un buen ejercicio democrático". "El complemento se puso para garantizar su función de oposición", apuntó Campillo.

EL ESPAÑOL consultó este viernes a los tres partidos de la oposición. Los tres achacan la responsabilidad de los sobresueldos al equipo de gobierno y confirman que, al menos hasta la fecha, no tienen en mente llevar el asunto ante la Justicia.

El PP, por su parte, insistió en diferenciar los sobresueldos que se puso el Gobierno en 2015 de los que recibe ahora la oposición desde 2019. "Estamos completamente de acuerdo con Antifraude en lo que ocurrió durante la primera legislatura. Fueron complementos salariales manifiestamente ilegales, aprobados sin ningún informe técnico para que los concejales con dedicación parcial cobraran lo mismo que los de dedicación exclusiva", expusieron.

"Pero lo realizado en 2019 fue distinto. El Gobierno de Ribó se quedó todos los concejales con dedicación exclusiva y dejó los ocho de dedicación parcial para la oposición, a los que les puso un sueldo determinado, esta vez con el visto bueno del secretario municipal. Consideramos que Antifraude se equivoca, porque perciben el 75% del sueldo máximo del Ayuntamiento, que es el que cobra el alcalde, y que son, por lo tanto, legales", defendieron.

Joan Ribó, en el centro, junto a sus vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo. EE

Joan Ribó, en el centro, junto a sus vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo. EE

El PP, pese a considerar irregulares las retribuciones del periodo 2015-2019, no las llevará ante la Justicia. "Debería hacerlo Antifraude, que es quien ha hecho el informe", se exculpan. Tampoco lo hará Ciudadanos. "Lo cierto es que contó con nuestro voto en contra", recuerda la formación naranja. En efecto, toda la oposición se opuso a las retribuciones a las que ahora se aferran porque "se impuso que la totalidad de las dedicaciones parciales recayesen de manera obligatoria en miembros de la oposición".

En cuanto a los sobresueldos, Cs también se muestra tibio. "Consideramos que el equipo de Gobierno debe asumir todas sus recomendaciones en los términos planteados por la Agencia Valenciana Antifraude", afirman. Pero no llevarán a los tribunales los 772.000 euros cobrados de más por el Gobierno local ni los 396.000 que ingresará esta legislatura la oposición.

Vox fue el único partido de la oposición que manifestó a este periódico que está "estudiando la legalidad" de las retribuciones denunciadas por Antifraude. Pero no trasladó que vaya a emprender ninguna acción legal concreta, al menos por el momento.

De los ocho concejales de la oposición que perciben desde 2019 el sobresueldo irregular que denuncia Antifraude, cuatro son del Partido Popular. Se trata de Santiago Ballester, Juan Giner, Julia Climent y Carlos Mundina. Otros tres son de Ciudadanos: Fernando Giner, el portavoz de la formación en la ciudad, Rafael Pardo y Javier Copoví. El octavo es el concejal de Vox José Gosálbez.

Incumple la Ley 27/2013

Según desglosó en su escrito Antifraude, la norma incumplida durante la primera legislatura (2015-2019) fue la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (derivada de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como 'Ley Montoro'). La misma, en sus artículos 1.18 y 1.19, introdujo límites al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y limitó el número de cargos con dedicación exclusiva, según recordó el organismo.

Pero el consistorio liderado por Compromís, que gobernó la pasada legislatura junto a PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-, buscó una fórmula para sortearla. "Formalmente acreditaba que no sobrepasaba el límite de 25 concejales con dedicación exclusiva. Pero, de facto, su efecto práctico fue que el Ayuntamiento de Valencia retribuyó a 31 concejales con el mismo importe en términos cuantitativos", según expuso el ente fiscalizador que dirige Joan Llinares.

Para Antifraude, el sistema de sobresueldos que implantó el gobierno de Ribó "violenta la voluntad expresada en la norma de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos". La investigación se centró en las cantidades percibidas por cinco concejales de Compromís, tres de PSPV-PSOE y dos de València en Comú. En total, cobraron de las arcas municipales los mencionados 772.000 euros. 

Los ediles de Compromís fueron Sergi Campillo (actual vicealcalde de la ciudad) Giuseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consol Castillo. Del PSPV-PSOE lo percibieron la hoy vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato (actual gerente de FGV) y Vicent Sarrià (diputado del PSOE en el Congreso en estos momentos). Por lo que respecta a València en Comú, lo recibieron Neus Fábregas y María Oliver, que en la actualidad es subdirectora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que gestiona Podemos.

Cálculo de Antifraude sobre los sobresueldos percibidos por cada concejal. EE

Cálculo de Antifraude sobre los sobresueldos percibidos por cada concejal. EE

Antifraude indicó sobre el denominado oficialmente "complemento de especial responsabilidad" que "ni se motivaron, ni se detallaron, ni se han acreditado las competencias específicas de los tenientes de alcalde en esa legislatura 2015-2019 que justifican la aplicación del complemento".

También afeó que el Ayuntamiento no acreditara "por qué se cuantificó en un 25% adicional", un porcentaje que, según advirtió, "equipara las retribuciones con el régimen de los concejales con dedicación exclusiva". El organismo argumentó además que "a los tenientes de alcalde ya se les retribuía por la responsabilidad". "Esa responsabilidad va implícita en el cargo y, por eso, sus retribuciones son en un porcentaje por el sueldo del alcalde", recalcó.

A su vez, llamó la atención sobre un absurdo generado con este sistema. "Esos tenientes de alcalde podrían compatibilizar su actividad pública con otras actividades privadas", todo pese a percibir "de facto" una retribución "equivalente al 100%" de dedicación exclusiva. También recordó Antifraude que la norma estatal dice textualmente que el límite máximo que se impondrá en el régimen de dedicación parcial lo establecerá el total recibido "por todos los conceptos retributivos", de modo que no cabe la posibilidad de introducir un complemento como el aplicado.

El cambio de 2019

Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude llamó la atención sobre el cambio introducido por el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura actual, la 2019-2023, en la que suprimió este complemento a la vista de su irregularidad y buscó una fórmula alternativa para mantener los sobresueldos. Consistió en concentrar el grueso de los ediles con dedicación exclusiva en los grupos políticos que conforman el Gobierno local.

Para elevar el sueldo a los que tenían dedicación parcial -todos ellos en la oposición- los retribuyó con el 93,14% del salario de la exclusiva, cuando debían cobrar realmente el 75%, según Antifraude. La diferencia a su favor es de cerca de 12.400 euros al año.

"Esta legislatura el pleno aprobó que los concejales con dedicación exclusiva percibirán un importe anual de 68.171,04 euros, y los miembros con una dedicación parcial del 75% percibirán una retribución bruta anual de 63.500,22 euros", expuso el organismo. Antifraude lamentó que tal circunstancia se produjo "sin que haya justificación sobre esta cuantía, que supone el 93,15% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva".

La entidad de Joan Llinares aseveró al respecto que "no hay proporcionalidad entre el importe de la retribución y el porcentaje de dedicación". En efecto, el 75% del salario con dedicación exclusiva sería de 51.128,28 euros brutos anuales, de modo que el importe extra que perciben hasta los 63.500,22 euros es de un total de 12.371,94 euros brutos anuales más por concejal. Entre los ocho el montante total ascenderá a los mencionados 396.000 al cierre de la legislatura.

"Para los miembros de la corporación 2019-2023 con una dedicación parcial del 75% se está abonando una retribución que excede con mucho el 75% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva", insistió Antifraude al respecto. La agencia consideró que esta práctica estaba "alterando el criterio de proporcionalidad al salario de la dedicación exclusiva tal y como estaba recogido en las otras legislaturas".

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