Villarejo, en el banquillo por espiar una reunión del CNI y la Policía, pide que Paz Esteban declare
16:15
8 Noviembre 2022

Villarejo, en el banquillo por espiar una reunión del CNI y la Policía, pide que Paz Esteban declare

El excomisario se enfrenta a una petición de pena por parte del fiscal de 4 años de cárcel en este juicio, que ha comenzado en la Audiencia de Madrid.

Seis semanas después de que acabara el primer juicio del caso Tándem, el excomisario José Manuel Villarejo ha vuelto al banquillo para enfrentarse a un nuevo proceso por un delito que, en su caso, es recurrente: descubrimiento y revelación de secretos.

La Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por haber ordenado la grabación ilegal de una reunión que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) celebraron el 20 de octubre de 2014 con los mandos policiales que estaban investigando a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás. El joven había sido detenido seis días antes por haberse hecho pasar por miembro del equipo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y por agente del CNI.

De acuerdo con la acusación del fiscal, la grabación del cónclave entre el CNI y la Policía la hizo el periodista Carlos Mier, que llamó al móvil de uno de los reunidos, el comisario Marcelino Martin Blas, en aquel momento jefe de la Unidad de Asuntos Internos, "activando algún tipo de aplicación informática o software que permitió captar el sonido ambiente sin que pudiera ser advertido".

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Unas semanas después, Mier publicó en el portal Información Sensible, que dirigía la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, un artículo titulado La venganza del pequeño
Nicolás”. En él se afirmaba que Gómez Iglesias iba a denunciar a Asuntos internos y al  CNI por “fabricar” pruebas contra él, y se hacía alusión a las conversaciones entre Martín Blas y los agentes del servicio de inteligencia.

Según el fiscal, Villarejo orquestó esta operación para "obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación" sobre Gómez Iglesias. "La realización de la grabación y su publicación ha supuesto un significativo menoscabo del correcto funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía", afirma el escrito de acusación. La Fiscalía también acusa a Mier y Alcalá, para los que pide tres años de cárcel.

Fiel a su obsesión con el CNI, la defensa de Villarejo ha pedido en la primera jornada de la vista que declare como testigo Paz Esteban, directora del servicio secreto hasta el pasado mayo, cuando fue destituida tras el caso Pegasus.

También ha solicitado que testifiquen los dos agentes del CNI que habrían participado en la reunión con Martín Blas. 

"No es posible", ha replicado el fiscal Alfonso San Román, según el cual "la ley lo prohíbe".

Le ha secundado la abogada del Estado Rosa Seoane, que ha puesto de manifiesto que "ni siquiera sabemos si son los agentes del CNI que participaron en la reunión, porque Villarejo dice que los reconoce ¡por la voz!". La grabación que habría hecho Mier es sumamente defectuosa.

Petición de nulidad

Durante la primera sesión de la vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, las defensas han pedido que se expulse de la acusación a la Abogacía del Estado, al partido Podemos y a la Plataforma por la Honestidad.

También han instado que se declare nula toda la causa, que a su parecer estuvo en manos de mandos policiales enfrentados a Villarejo y sin que hubiera control judicial alguno.

Las defensas han explotado las desavenencias que hubo entre el juez instructor, Arturo Zamarriego, y el fiscal San Román, al que "ni siquiera se daba cuenta de las diligencias de investigación que se acordaban".

Trataron de presentar, así, un procedimiento en el que no hubo ningún límite para la Policía, a la que se dejó utilizar métodos "invasivos" y "desproporcionados" de investigación tecnológica para lo que era un delito calificado de menos grave en el Código Penal.

"Crearon una verdad de artificio", dijo el defensor de Villarejo, Antonio García Cabrera, que afirmó que la grabación de la reunión incorporada al procedimiento "está manipulada" y llegó a sugerir que la pudieron hacer los propios investigadores policiales.

El fiscal no apoyó la nulidad de todas investigaciones tecnológicas realizadas, pero sí las relativas a 13 líneas telefónicas sobre las que se obtuvieron datos "sin ninguna motivación".

En este punto discrepó la abogada del Estado, que defendió la validez de todas las pruebas subrayando que no se interceptaron las conversaciones sino que se obtuvieron sólo los datos de tráfico de llamadas y la geolocalización de los dispositivos.

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